Madrid.

El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordenó a la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, identificar los colegios electorales y requisar todo el material previsto para el referendo independentista del próximo domingo. La medida incluye identificar a los responsables de los inmuebles, a los que se les deberá advertir de viva voz que la consulta es ilegal.

A unos días de la cita del primero de octubre, cuando los independentistas catalanes aspiran a celebrar un referendo que abra la vía para la secesión del Estado español, desde Madrid y por medio de la fiscalía general se ultiman los preparativos para la operación policial, para la que han movilizado de forma extraordinaria a más de 5 mil policías y han trasladado a la región vehículos especiales para neutralizar alteraciones del orden.

Este lunes se celebró la primera junta de coordinación entre las distintas fuerzas policiales con presencia en la región que por orden de la fiscalía será dirigida por un coronel de la Guardia Civil española. A la reunión no acudió Josep Lluís Trapero, el jefe de los Mossos, quien envió a un subalterno, Ferran López.

Trapero anunció que su intención es acudir a la reunión de este martes o miércoles –estas juntas extraordinarias se celebrarán cada 24 horas– para entregar un informe elaborado por el gobierno de la Generalitat en el que exigirán las competencias para dirigir el operativo.

El fiscal dará las órdenes al centro de mando de la coordinación de los cuerpos de seguridad, para que finalmente sean los distintos cuerpos (Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos) los que asuman las órdenes para llevar a cabo el operativo.

El fiscal Romero de Tejada ordenó de forma directa a los Mossos que en los próximos días se identifique a los responsables de los colegios electorales para comunicarles el carácter ilegal del referendo y, en caso de tener algún material electoral, que lo requisen.

En dicha reunión deberán informarles que, por orden del fiscal, si entregan las llaves o códigos de seguridad de los locales a cualquier persona pública o privada, podría ser considerado un acto de colaboración en los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos.

En tanto, el Tribunal de Cuentas notificó al ex presidente catalán Artur Mas y a siete de sus ex funcionarios que deberán abonar fianzas millonarias por haber organizado y llevado a cabo un referendo en 2014, que también fue calificado de ilegal, por lo que deberán reponer todos los recursos públicos gastados en la iniciativa. Los líderes catalanes tienen un plazo de 15 días para presentar una fianza de 5.2 millones de euros por haber incurrido en la responsabilidad de registrar una página web institucional, la fabricación y el transporte del material de votación, la adquisición de las computadoras para la jornada electoral, la organización de la campaña y la contratación de un seguro para los voluntarios. Si en ese lapso no presentan la fianza se procederá al embargo de sus bienes.

Los dirigentes catalanes, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs advirtieron, en un comunicado, que la decisión del Tribunal de Cuentas es una auténtica aberración que no tiene fundamento jurídico y que sólo persigue el propósito de intimidar, en el contexto de la campaña del miedo que comanda el Estado español. Denunciamos que se trata de una operación de abuso del Estado y de desviación de poder. Confiamos en que no nos quedaremos solos, que los más de 2 millones de personas que fueron a votar el 9-N nos seguirán apoyando y que juntos sabremos hacer frente a las malas artes y a una de las peores caras del Estado español.

Ante el aumento de las medidas represivas del gobierno español, la plataforma de Universitarios por la República anunció la convocatoria a un paro estudiantil permanente y pacífico los días 28 y 29 de septiembre, en los que volverán a exigir su derecho a votar en una consulta vinculante para decidir su futuro.