El proceso electoral 2017-2018 empieza hoy en un ambiente muy crispado políticamente, que obliga a todos los actores a ser responsables, incluido el Presidente de la República, quien tiene una labor mayúscula en cuidar los comicios y no intervenir. En toda transición política, que no quiere decir alternancia, el jefe de Estado tiene un rol importantísimo, o eventualmente puede tener uno disruptivo, como ya ocurrió en 2006.

Así lo advierte a este diario el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien desde ahora señala las limitaciones legales que enfrentarían si debieran castigar infracciones presidenciales. Ya en el pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a determinar que un presidente de la República había violado la Constitución; me refiero a Felipe Calderón, y no pasó nada, porque tenemos un sistema inacabado de responsabilidades de los funcionarios públicos.

Con ello se refiere a abril de 2012, cuando el IFE encontró responsable a Calderón de violentar la Carta Magna por la distribución de cartas con su firma que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, al final no se le sancionó porque, según lo aprobado entonces, en nuestro régimen, el Presidente no es sujeto de juicio político, sino sólo de responsabilidad penal por traición a la patria u otros delitos graves.

Córdova recuerda que las autoridades electorales han determinado gran cantidad de infracciones de funcionarios públicos, gobernadores, presidentes municipales y legisladores, y nada ha pasado. La ley dice que el INE debe dar vista al superior jerárquico que, en muchos casos, son titulares de las secretarías o de los congreso locales.

En torno a cuál deberá ser el papel del presidente Enrique Peña Nieto, sobre todo después de los comicios en el estado de México, en los que el mismo mandatario y su gabinete tuvieron fuerte activismo en la entregada de programas sociales, responde:

Como jefe de Estado, la figura presidencial tiene una responsabilidad mayúscula en cuidar las elecciones y no intervenir. Eso no lo digo yo, sino la Constitución, y vale para el gobierno federal y los locales. Por eso hay límites, prohibiciones, y es una pena que el legislador no haya cumplido con su trabajo de regular en la ley buena parte de esas directrices que impone la Constitución a todo funcionario público, a todo gobierno.

Sobre el arranque del proceso electoral, explica que enfrentan varios desafíos: uno es poder explicar lo operativo, que no es sencillo poner casillas en un país con altos niveles de inseguridad y organizar la renovación de poderes en un ambiente muy crispado políticamente, con altos grados de desconfianza o con ciudadanos descontentos con la democracia.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante la entrevista con La Jornada Foto Marco Peláez

Otro estriba en efectuar un arbitraje político que, reconoce, ayudará a inhibir las trampas, mas no a impedirlas por completo. No podemos como INE hacernos cargo de resolver todos los problemas del país; la desviación de recursos públicos es corrupción, y eso no nos toca inhibirlo. Es un mal endémico.

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio marcha atrás a sus lineamientos de cancha pareja –que buscaban prohibir la promoción personalizada de diversos actores–, rechaza que esté mermada su capacidad de arbitraje, pues seguirán resolviendo caso por caso. Por eso augura que dos comisiones serán clave en el arbitraje: Quejas y Fiscalización.

Se le pregunta entonces por qué diversos consejeros acaparan o repiten en las presidencias de estas instancias clave; por ejemplo Adriana Favela, quien estuvo al frente de Quejas y recibió críticas de la oposición por dejar pasar varias violaciones del Partido Verde.

Yo respeto el trabajo de mis colegas. La presidencia de las comisiones lo único que tiene como ventaja respecto de los otros integrantes de las mismas es esencialmente su capacidad de convocatoria de los momentos y lugares de las sesiones. Al momento de tomar las decisiones emite un voto ponderado que (en el caso de Quejas) representa 33 por ciento.

Niega que se haya castigado, discriminado o vetado a consejeros críticos de la operación del instituto, como Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, quienes no presidirán ninguna comisión. Su argumento consiste en que habrá equilibrios entre sangre nueva y experimentada, y que otro consejero, Ciro Murayama tampoco encabezó ninguna comisión ordinaria en el primer año de gestión del instituto (este año estará al frente por segunda ocasión de Fiscalización).

En cuanto a si es elevado el peso del consejero Marco Antonio Baños en la toma de decisiones, afirma que su liderazgo, forjado como consejero presidente, es indiscutible en el entendido de que todos somos pares al momento de votar.

Cuando se le insiste en la proximidad de algunos consejeros al PRI, responde que no ayuda a la vida del colegiado tratar de identificar etiquetas, aunque es un deporte y práctica añeja.

Recuerda que a algunos, quienes fueron personalidades respetadísimas, se les ha querido etiquetar, como a los fallecidos Alonso Lujambio o a Juan Molinar Horcasitas (que después de ser consejeros militaron en el PAN y fueron secretarios de Estado), o como a Miguel Ángel Granados Chapa, quien se postuló como candidato de la izquierda al gobierno de Hidalgo.