ras la atropellada aprobación, el miércoles, por parte de la mayoría independentista en el Congreso catalán (Parlament), de un referéndum para la secesión de Cataluña de España, ayer ese mismo órgano legislativo regional votó una Ley de Transitoriedad Jurídica, conocida como de desconexión.

Entre uno y otro sucesos, el Tribunal Constitucional (TC) de Madrid admitió a trámite las querellas del gobierno del Partido Popular (PP) contra la independencia catalana y, en consecuencia, decidió por unanimidad suspenderlo y notificar su fallo a cerca de mil funcionarios de la todavía comunidad autonómica, empezando por los integrantes del gobierno local (Govern), los del Parlament y más de 900 alcaldes (muchos de los cuales han anunciado su respaldo para que la votación sea realizada). Sin embargo, el TC rechazó la demanda gubernamental de iniciar procesos penales contra el presidente catalán, Carles Puigdemont, y los miembros de su consejo de gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, esta última acusación por los recursos que las autoridades locales invirtieron en la organización del referéndum. De todas formas, el fiscal general del Estado español, José Manuel Maza, anunció que interpondrá imputaciones legales contra los legisladores y funcionarios catalanes que hicieron posible la aprobación y la promulgación de la ley de la consulta.

Es importante destacar que, si bien en la sesión del miércoles el bando independentista (que integran las formaciones locales Junts pel Sí y Candidatura d’Unitat Popular) fue incapaz de propiciar un debate amplio sobre el fondo de la cuestión y se limitó a hacer valer la fuerza de su mayoría para imponer el referéndum, con lo que exhibió un déficit de maneras democráticas y de espíritu incluyente, la respuesta de la mayor parte de la clase política de Madrid y de los medios españolistas ha sido desmesurada, fóbica y cabalmente antidemocrática.

En efecto, desde el gobierno que encabeza Mariano Rajoy se ha buscado criminalizar al separatismo catalán y satanizarlo ante la opinión pública. En ese afán ha sido acompañado por un coro delirante de organismos noticiosos y comentaristas de todo el país, quienes recurren a un discurso de odio para presentar a los independentistas como el enemigo que pretende destruir España y que, para hacer frente a la vieja reivindicación secesionista, no encuentran otras respuestas que un rotundo y definitivo no y una beligerante amenaza de represalias judiciales y policiales en contra de quienes no estén de acuerdo. Se expresa, así, lo peor de un Estado fundado en parte sobre la base de concesiones a la vieja dictadura franquista, que tenía como divisa España una, grande y libre.

Más allá de las formas y de los procedimientos, la aspiración independentista de Cataluña es una realidad social irrebatible y es evidente la necesidad de encontrarle cauce institucional y democrático antes de que el problema desborde las instancias legales. Para ello, resulta indispensable que los gobernantes de Barcelona y de Madrid (sobre todo los segundos) realicen un esfuerzo de voluntad política, y que quienes encabezan las instituciones de España reconozcan que el ejercicio de los derechos a la autodeterminación y a la soberanía no son delitos.