El uso discrecional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos en todo el continente, y representa una grave violación a los derechos de las personas privadas de la libertad, señaló James Cavallaro, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al presentar anoche el informe Medidas para reducir la prisión preventiva, elaborado por la comisión, Cavallaro expresó la preocupación de este organismo regional por la falta de voluntad política por parte de los estados para reducir el uso abusivo de este tipo de prisión y responder a la crisis penitenciaria existente, en la que uno de sus puntos críticos son los altos niveles de hacinamiento que caracterizan a la región.

El también relator sobre las Derechos de las Personas Privadas de la Libertad de la CIDH destacó que este informe reporta que la prisión preventiva sigue siendo general y excesiva.

En la presentación, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), citó algunas cifras contenidas en el informe. Así, dijo que el promedio de personas en prisión preventiva entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) es 36.3 por ciento del total de la población penitenciaria, superando 60 por ciento en algunos países.

James Cavallaro señaló que el uso excesivo de este tipo de presión constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia.

Dijo que cuando se utilizan medidas alternativas, se evita la desintegración familiar y la estigmatización de la comunidad, se disminuyen las tasas de reincidencia y se utilizan de manera más eficiente los recursos públicos.

Señaló que entre los numerosos obstáculos para reducir el uso de la prisión preventiva, está una inadecuada defensa pública y la tendencia cada vez más presente en la región a proponer mayores niveles de encarcelamiento como respuesta a la inseguridad ciudadana.

Esta situación, señala el informe de la CIDH, propicia el aumento en la adopción de leyes y prácticas normativas que privilegian la aplicación de la prisión preventiva y restringen la posibilidad de aplicación de medidas alternativas.

El comisionado explicó que este informe incorpora por primera vez una perspectiva de género y un enfoque diferenciado respecto a personas que pertenecen a diversos grupos vulnerables, como personas afrodescendientes, indígenas, personas mayores, con discapacidad y con orientaciones sexuales y de género diversas.

Asimismo, dijo que uno de los objetivos del informe fue dar seguimiento al documento presentado en 2013, mediante el análisis de los principales avances y desafíos en el uso de esta medida por parte de los estados. Sin embargo, dijo que la situación prácticamente sigue siendo la misma.