Guatemala.

La ola de críticas y protestas continuaron este lunes en las calles en Guatemala tras la intención del presidente Jimmy Morales de expulsar del país al ex magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que lucha contra la corrupción y ataca el crimen incrustado en el Estado.

Por el centro histórico capitalino, decenas de indígenas, campesinos y estudiantes salieron a las calles para exigir la dimisión del presidente, un ex comediante de televisión que ganó las elecciones hace dos años con la promesa de sepultar la corrupción rampante en el país, quien decía no ser ni corrupto ni ladrón.

Lo que pretende el presidente es garantizar la impunidad al evitar ser perseguido penalmente por financiamiento ilícito. Es una vergüenza, declaró a la agencia Afp en la plaza central capitalina Andrea Ixchiu, activista del departamento indígena de Totonicapán.

Morales ordenó el domingo la expulsión del jefe de la Cicig, un ente que funciona desde 2007, tras acusarlo de entrometerse en asuntos internos de Estado y sobrepasar sus funciones.

La orden de expulsión se dio dos días después de que Velásquez y la fiscal general, Thelma Aldana, iniciaron un proceso para retirar la inmunidad al presidente Morales e investigarlo por presunta corrupción con fondos de campaña en su partido, el derechista FCN-Nación, en 2015.

Morales está arrinconado por una solicitud de antejuicio cuyo trámite dio inicio este lunes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El antejuicio es la figura legal para retirar la inmunidad a un funcionario de alto nivel, juez o diputado y se promueve ante la CSJ para que ésta resuelva si le da trámite. De encontrar procedente la solicitud, la corte lo enviaría luego al Legislativo, donde habría una votación para decidir si lo despojan de la inmunidad.

Según Morales, la decisión de expulsar a Velásquez fue por el bien del país y no a título personal. Fue también la Cicig la que puso contra las cuerdas al ex presidente Otto Pérez Molina (2012-2015) y a quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, forzándoles a dimitir. Ambos están en la cárcel a la espera de ser juzgados por un caso de corrupción en aduanas.

La medida de expulsar a Velásquez aún no se ha cumplido porque la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, otorgó tres amparos provisionales para frenar la decisión.

Me parece que es una decisión de un país soberano, opinó el ex mandatario Pérez Molina, al dar apoyo a la orden de expulsión de Velásquez.

Ha habido un exceso de mandato añadió Pérez Molina, quien durante su gobierno solicitó una extensión de la presencia de la Cicig por dos años, un mes antes de que se destapara el fraude en las aduanas en 2015 por el cual está en prisión.

En el ámbito internacional, la misión de Estados Unidos ante la ONU rechazó la decisión y la calificó de profundamente preocupante.

Nikki Haley, embajadora de Washington ante Naciones Unidas, dijo que Velásquez es una voz crítica que denuncia la corrupción y defiende el estado de derecho. Cuenta con el apoyo pleno de Estados Unidos y la comunidad internacional. Esperamos que el gobierno de Guatemala permita a la Cicig realizar su trabajo sin interferencias.

La Comisión Internacional de Juristas, una ONG con más de 60 integrantes y que posee un estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU, estimó que el presidente Morales actuó con mala fe al decidir expulsar del país al titular de la Cicig y dijo que la decisión puede estar motivada para obstruir la justicia.