odolfo Raúl González Vázquez, quien se identifica como ex trabajador del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), afirmó ayer en conferencia de prensa que el día 24 anterior presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle por operar una oficina clandestina desde la cual se realizaban escuchas ilegales a políticos del más alto nivel, a los familiares de éstos, e incluso a periodistas. De acuerdo con el denunciante, las intervenciones telefónicas no sólo tenían la finalidad de obtener información sobre rivales políticos, sino que se usaron para poner en manos de criminales a ciudadanos.
Entre los personajes que presuntamente fueron víctimas de espionaje mediante el software Galileo se encuentran el presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Hacienda, José Antonio Meade; Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y Desarrollo Agrario, Rosario Robles Berlanga, así como el presidente del PAN, Ricardo Anaya; la ex primera dama, Margarita Zavala; el sucesor de Moreno Valle en el gobierno poblano, Antonio Gali, y otras 34 personas.
La información divulgada ayer, que involucra también a otros operadores cercanos al ex gobernador, es el segundo escándalo de espionaje por entidades gubernamentales que estalla en México en los meses recientes.
Cabe recordar que el pasado 19 de junio un reporte elaborado por organizaciones de derechos humanos y defensa de la libertad de expresión reveló que el gobierno federal adquirió de la empresa israelí NSO Group el software conocido como Pegasus, mediante el cual los teléfonos celulares son infectados para obtener acceso a llamadas, correos electrónicos, citas de calendario e incluso activar la cámara y el micrófono del dispositivo.
De comprobarse lo dicho por González Vázquez –quien afirmó haber entregado a la PGR audios y pruebas de la existencia del sistema de espionaje–, uno de los tres aspirantes a contender por la Presidencia de la República por el PAN estaría involucrado en actividades criminales de una gravedad que resulta imposible minimizar. Además de sumarse al historial de denuncias contra Moreno Valle por abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza pública, persecución política de opositores e intimidaciones contra activistas, el caso actual constituye un inquietante recordatorio de los peligros que entraña la difusión de tecnologías que ponen al alcance de personajes sin escrúpulos la posibilidad de invadir las comunicaciones de cualquier ciudadano, incluso de aquellos que cuentan con la protección de las instancias de inteligencia y seguridad nacionales.
Por la gravedad de las acusaciones y el perfil de las personas presuntamente víctimas de la red de escuchas, resulta imperativo que en lo inmediato las autoridades analicen los materiales que fueron puestos en su poder y emprendan una investigación exhaustiva para conocer el alcance de las escuchas y fincar las responsabilidades correspondientes.
Además, es inaplazable emprender las adecuaciones legales necesarias para impedir la adquisición de programas informáticos como los referidos sin los debidos controles, pues de lo contrario será inevitable la repetición de estos actos delictivos.
