Intelectuales y académicos criticaron la posición del gobierno mexicano frente a la crisis de Venezuela, por plegarse a la política injerencista de Estados Unidos. Dijeron que la solidaridad con los pueblos y el principio de no intervención, que caracterizaron a la diplomacia mexicana por décadas, hoy no existen, y que los dichos y acciones del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sobre este caso, no representan el sentir del pueblo mexicano.

En una declaración, agregaron que un régimen como el de Enrique Peña Nieto, marcado por la corrupción, la criminalidad y la impunidad, no tiene calidad moral para presentarse como supuesto defensor de la democracia y la justicia. Esta posición pretende ocultar la grave crisis humanitaria y la violación sistemática de los derechos humanos que existen en el país, subrayaron.

Agrupados en el capítulo México de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, condenaron las abiertas amenazas del presidente Donald Trump en torno a que no descarta una salida militar en el país sudamericano, ya que son violatorias del orden jurídico internacional y, particularmente, de los principios fundacionales de la Organización de Naciones Unidas.

También llamaron a la comunidad internacional a sumarse al rechazo de dichas amenazas y estar atentos ante eventuales agresiones armadas directas, por la vía de terceros países, o por la acción encubierta de grupos paramilitares, así como a la imposición de sanciones o bloqueos tendientes a un virtual aislamiento de Venezuela

Es un deber imprescindible que América Latina y el Caribe se conserven como zona de paz, destacaron personajes como Pablo González Casanova, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Ana Esther Ceceña, Miguel Concha, Catalina Eibenschutz, Margarita Favela, Carlos Fazio, Magdalena Gómez y Nayar López. La declaración también fue suscrita por colectivos y organizaciones sociales, entre ellas, el Comité de Solidaridad Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Por lo demás, rechazaron las medidas coercitivas del gobierno estadunidense.