e acuerdo con una nota publicada en estas páginas, basada en datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante el primer semestre de este año los 23 grupos financieros que operan en el país incrementaron en 24.7 por ciento sus utilidades respecto del mismo periodo del año pasado, lo que implica una ganancia global de 77 mil millones de pesos.

Considerada en una perspectiva anual, la tasa de crecimiento de las utilidades de esas empresas es ocho veces mayor a la del conjunto de la economía, la cual repuntó sólo 3 por ciento con respecto del primer semestre del año pasado. También los activos de esas corporaciones han crecido en comparación con el resto de la economía: 4.6 por ciento más que en 2016, para sumar un total de 8 billones 754 mil millones de pesos, algo equivalente a 43 por ciento de la economía del país (20.3 billones de pesos).

La concentración de los beneficios económicos en el sector financiero (bancos, casas de bolsa, casas de cambio, instituciones de fianzas, aseguradoras, operadoras de fondos de inversión, gestoras de fondos para el retiro, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares y almacenes generales de depósito) se ve reflejada en una notable concentración de las ganancias y de los activos en ese mismo sector.

Así, cuatro de los 23 grupos financieros del país (Grupo Financiero BBVA Bancomer, 24.1 por ciento; Grupo Financiero Banamex, 14.9; Grupo Financiero Banorte, 14.5 y Grupo Financiero Santander, 13.8) controlan más de dos terceras partes de los activos de la totalidad de las corporaciones financieras.

Estos datos resultan ilustrativos no sólo de las desproporcionadas utilidades de estos grupos empresariales –que en el caso de los extranjeros BBVA, Banamex y Santander son marcadamente superiores a las que obtienen en sus países de origen– sino también de políticas oficiales que permiten una altísima concentración de las ganancias en el se- ctor financiero, en detrimento del resto de la economía.

En un entorno mayormente desregulado –valga decir, en una suerte de jungla económica– las altas tarifas y los elevados márgenes de intermediación de las entidades financieras privadas representan, en efecto, inhibidores para el crecimiento económico a las tasas que el país requiere, condiciones desventajosas para las empresas productivas y una carga operativa que gravita en forma restrictiva sobre los presupuestos públicos.

La responsabilidad última de esta situación no recae, a fin de cuentas, en los conglomerados financieros mencionados sino en autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México y la propia CNBV, los cuales, sin obstaculizar la obtención de ganancias legítimas, tendrían que poner un freno a lo que parece más bien usura, devastación y saqueo.