Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y penal han permitido un avance incipiente en la emisión de mejores sentencias de los jueces, pero no han erradicado vicios previos a la implantación de los juicios orales o del sistema penal acusatorio, señaló David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

Lo anterior, durante la presentación del informe Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia 2011-2016, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Ibero, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Los vicios que permanecen en el sistema, explicó Fernández Dávalos, son: falsa flagrancia, es decir, acusar a alguien de que acaba de cometer un delito cuando éste ocurrió hace cuatro o cinco días, y no hay un vínculo que lo relacione; deficiencia en las investigaciones; las presiones para la autoinculpación de los acusados, para que opten por un juicio abreviado a cambio de sentencias menores, aun cuando son inocentes; primordialidad del parte informativo, o sea, dar mucha credibilidad a las policías, y arraigo, que es violatorio de los derechos humanos y de las garantías procesales.

Fernández Dávalos aseveró que hay grupos sociales conservadores interesados en promover contrarreformas. Empero, es falso que sea culpa de la reforma, y lo prueba el informe, que ahora haya mayor nivel de inseguridad y mayor zozobra social.

Opinó que la reforma se puede mejorar, pero me parecería grave error echarla para atrás y, sobre todo, renunciar a la pretensión original de la misma.

Recordó que el Estado mexicano tiene el deber de respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, por lo que una reversión a esta reforma iría en contra de las obligaciones que tiene el Estado mexicano.

Consideró que las universidades deben “cambiar el modo de enseñar el derecho; hay que enseñarlo ahora como una herramienta más para el cambio social, como una herramienta para construir la sociedad justa, democrática, participativa, garantista y respetuosa de los derechos humanos.

Me parece que en la academia, las instituciones de educación superior, las que forman a juristas y abogados, tenemos enorme responsabilidad de acompañamiento de estas reformas, que a nuestro parecer van en el sentido correcto; que pueden modificarse, que pueden corregirse, que pueden mejorarse, pero que no podemos abandonar la dirección que marcan en el fondo y los principios a los que se han adherido.