l 30 de agosto se conmemora el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Se trata de una iniciativa impulsada desde 2011 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam) y apoyada por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para honrar la memoria de las personas desaparecidas y aportar a las luchas de sus familiares por la justicia y contra la impunidad.

En México con más de 30 mil desaparecidos, esta conmemoración adquiere una relevancia política en el marco de la discusión de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares aprobada por el Senado de la República y turnada en abril pasado a la Cámara de Diputados. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que aglutina a más de setenta colectivos de familiares y organizaciones de derechos humanos de todo el país, conmemora este día con la consigna: Sin las Familias ¡No!, para denunciar su exclusión en la elaboración de la iniciativa aprobada y exigir que sus perspectivas y experiencias sean tomadas en cuenta en la elaboración de una reglamentación que realmente contribuya a la búsqueda de los desaparecidos y evite la impunidad.

El proyecto de ley aprobado por el Senado, responde a las recomendaciones que hizo en 2015 el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, tanto la iniciativa de ley enviada por Enrique Peña Nieto al Congreso en diciembre de 2015, como la aprobada por el Senado en abril pasado, no han incorporado los conocimientos y experiencias de los familiares de las y los desaparecidos. Han sido los padres y madres de los desaparecidos quienes han encabezado las búsquedas en campo, quienes se han enfrentado a las deficiencias institucionales y a la indiferencia de la burocracia, y son ellos quienes han denunciado las limitaciones de la citada ley. Por ejemplo han señalado que no considera la responsabilidad de los superiores jerárquicos, como lo establece en su artículo 6 la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, creando un vacío que posibilitará la impunidad para los autores intelectuales de las desapariciones forzadas. Tampoco se menciona que la participación de militares debe siempre ser juzgada en tribunales militares. La demanda de crear un Instituto Autónomo de Ciencias Forense fue sustituida con la creación de un Banco Nacional de Datos Forenses, que sólo sistematizaría bases de datos que serían alimentadas por las mismas procuradurías que hasta ahora no investigan y que en muchos casos son las mismas que obstaculizan las búsquedas.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos ha centrado su conmemoración del Día del Desaparecido en la exigencia de una ley desde las víctimas, con las víctimas y para las víctimas (http://sinlasfamiliasno.org/). Esto implica que se les considere en el proceso de búsqueda integral e investigación, no sólo del destino de sus familiares, sino todo el proceso, lugares y personas implicadas en su desaparición. Demandan que la ley sea aplicada a todas las desapariciones del pasado, del presente y del futuro, y que tenga un enfoque trasnacional para que considere los derechos de los migrantes desaparecidos. Plantean también la importancia de que haya un enfoque diferenciado en atención para las mujeres, los indígenas, los integrantes de la comunidad LGBT, y otros grupos vulnerables. Es evidente que hay detrás de cada una de sus demandas un largo camino recorrido, los familiares son hasta ahora los mejores especialistas en el tema con los que cuenta México, hacerlos a un lado a la hora de legislar en torno a la desaparición forzada es promover de nuevo leyes que sólo sirven para legitimar al Estado y darle continuidad a la impunidad. Sin las Familias ¡No!.

*Integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF) e investigadora de CIESAS