El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió en el Senado que es el Banco de México el que se opone a que se incremente el salario mínimo, a pesar de que incluso el sector empresarial, mayoritariamente, ha apoyado ya lograr un beneficio sustancial para los 7 millones de trabajadores y trabajadoras que perciben salario mínimo.

Al participar en la reunión plenaria de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió a los diputados del sol azteca que impulsen la aprobación de la minuta sobre la prohibición de portar armas de fuego, que está atorada en San Lázaro desde febrero pasado.

También solicitó al coordinador de los diputados de ese instituto político, Francisco Neri, que busque la manera de que en la discusión del presupuesto de egresos de la Federación para 2018 se asignen recursos a las zonas económicas especiales, porque el año pasado se escatimaron 500 millones de pesos a Tabasco, Oaxaca y Campeche, sin otra justificación más allá de que no se tenían listos los terrenos; sin embargo, nos enteramos que otros estados fueron apoyados con miles de millones de pesos.

Por ello, demandó que se busque garantizar la entrega de mil millones de pesos para el próximo año a esas entidades.

En su lista de peticiones, el jefe de Gobierno dijo a senadores y diputados que deben pugnar y garantizar recursos suficientes para la implementación de la reforma laboral, que el próximo año tiene que estar en marcha, porque es “una reforma que va a salir carísima a todos los estados, ya que hay que homologar plazas, porque las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje pasarán al Tribunal Superior de cada uno de los estados, a los Supremos Tribunales en el caso de las nomenclaturas que sean diferentes, lo que significa miles de millones de pesos de inversión en el país.

En la reunión plenaria, los perredistas acordaron concentrarse en siete ejes: abatir la corrupción y la impunidad; promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos; impulsar un sistema de seguridad pública y procuración de justicia; cambiar el régimen de gobierno y el sistema político; fortalecer el papel de México en el exterior; combatir la desigualdad, e impulsar el desarrollo sostenible.