El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa inició anoche una huelga de hambre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra preso desde el 17 de julio, para protestar por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso penal en su contra.

En una misiva enviada a una televisora, el ex funcionario dijo haber tomado esta decisión con el propósito de detener la persecución política y la cacería de brujas que, aseguró, existe en contra suya y de sus ex colaboradores en Veracruz.

Según Duarte de Ochoa, los ex integrantes de su equipo de trabajo se encuentran privados de su libertad arbitrariamente en el penal estatal de Pacho Viejo, con el propósito de presionarlos para que declaren en su contra y a fin de crear una cortina de humo que distraiga a la sociedad del desastre de gobierno que existe actualmente en su estado.

Solicitó la intervención inmediata de los consejos de la Judicatura Federal y estatal, para frenar a la juez Alma Aleida Sosa Jiménez, quien ha librado todas las órdenes de aprehensión en contra de sus ex colaboradores, sin fundamentos legales, respaldándose en argumentos ridículos, y complaciendo de esta manera las instrucciones de su jefe, el gobernador del estado, a quien calificó de dictador.

Asimismo, aseguró que quienes integraron su administración son presos políticos y víctimas de la desesperación del gobernador Miguel Ángel Yunes, quien no tiene nada que ofrecer a la sociedad, salvo el circo montado en su contra. Por lo demás, confió en que el montaje caerá y que prevalecerá la justicia.

Por su lado, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario fue informada por el propio ex mandatario veracruzano de esta decisión, que inició a partir de las 21:30 horas de ayer.

El órgano, dependiente de la Secretaría de Gobierno, señaló que está pendiente del estado físico de Duarte de Ochoa, como indica el protocolo. También destacó que la unidad médica del reclusorio, dependiente de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se hace cargo de proveer los insumos necesarios para resguardar la salud e integridad física del manifestante y tres veces al día aplica vigilancia, con el fin de verificar sus condiciones.

El ex gobernador es acusado de crimen organizado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad y peculado, entre otros delitos.