Guadalajara, Jal.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que durante la madrugada del jueves el interno Raúl Flores Hernández, presunto líder de una red de lavado de dinero, fue trasladado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, conocido como El Altiplano.

La acusación y sanción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el internacional mexicano Rafael Márquez como presunto testaferro de un capo del narcotráfico no es la primera en que se ve involucrado un futbolista de alto perfil.

Un juez federal concedió la suspensión definitiva al ex gobernador de Veracruz ‘‘JDDO’’ contra las dos órdenes de aprehensión en su contra emitidas por un juez penal local y que promovió el actual gobierno de la entidad encabrzado por Miguel Ángel Yunes.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, defendió a jueces, magistrados y ministros frente a las críticas que los responsabilizan de la liberación de delincuentes y el incremento de la violencia, al aplicar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) denunció que los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo acosan a los artesanos y vendedores que trabajan en las zonas arqueológicas de dichos estados –cuyos terrenos son mayoritariamente de propiedad privada– y no dedican recursos suficientes a los municipios donde estos lugares se asientan. En conferencia de prensa, los activistas Villevaldo Pech y Alfredo Peralta expusieron que unos mil comerciantes indígenas que laboran en la zona arqueológica de Chichén Itzá podrían ser desalojados por las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), con el argumento de que están asentados de manera ilegal. Además, los guías de turistas desaniman a los visitantes para que no les compren sus mercancías, diciéndoles que son productos ilegales y de mala calidad, lo cual afecta el medio de subsistencia de los comerciantes. Ante dicho escenario, los afectados exigieron que el INAH expropie los terrenos donde se encuentran las zonas arqueológicas, para que sean propiedad de la nación, y de esta forma se aprovechen en beneficio de la gente los recursos que se obtienen por la venta de boletos de entrada, equivalentes a 2.5 millones de pesos diarios.