Durante 2016, el robo a autotransportes en las carreteras del país aumentó 179 por ciento en relación con 2015. El año pasado fueron hurtadas 4 mil 500 unidades, lo que significó pérdidas económicas por mil millones de pesos, expuso la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados.

Daniel Torres Cantú, secretario de dicha comisión, refirió datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis) y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Señaló que el aumento en los asaltos al autotransporte deriva en un incremento hasta de 200 por ciento en el costo de las pólizas de seguros, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Por tanto el diputado pretende una reforma a los artículos 286 y 376 del Código Penal Federal, para que sea facultad exclusiva del Ministerio Público Federal conocer las denuncias por robo de autotransporte e incrementar el castigo de siete a 15 años de prisión cuando el robo sea al vehículo o sus componentes (remolques, semirremolques o la propia carga), que cuente con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para operar el servicios de carga, pasaje o turismo.

La iniciativa, que se turnó a la Comisión de Justicia, resalta que el Código Penal Federal tipifica este delito cuando se comete en caminos o carreteras (fracción XVI, artículo 381). Sin embargo, cuando el vehículo es retirado de la jurisdicción del camino federal y el robo es perpetrado fuera del derecho de vía, el transportista tiene que denunciar ante el Ministerio Público local.

El legislador refirió el modo de operar de los delincuentes para entorpecer la administración e impartición de justicia: radica en ejecutar el robo fuera de la jurisdicción federal del camino, lo que genera en muchas ocasiones que en una entidad se encuentre la mercancía robada y en otra el camión o los remolques.

Recordó que de mil 354 robos de camiones de carga en carreteras, mil 267 se cometieron con violencia. Esta problemática se debe a la inseguridad en las vías generales de comunicación del país, por lo que se requiere que las autoridades federales persigan ese delito, máxime cuando lo establece la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.