os cuerpos de cinco migrantes centroamericanos –tres mujeres y dos hombres, de nacionalidades guatemalteca y hondureña– que fallecieron ahogados en el Río Bravo fueron rescatados ayer por personal de Protección Civil de Ciudad Juárez, Chihuahua. De acuerdo con las autoridades, podría haber otros 11 muertos. Así se incrementa, en cuestión de días, el saldo trágico de la criminalización de los trabajadores que intentan ingresar a territorio estadunidense por la frontera norte de México. Apenas el domingo de la semana pasada 10 viajeros indocumentados (cuatro de ellos, mexicanos) que eran transportados en un camión de carga sin ventilación ni refrigeración murieron por asfixia o deshidratación en el trayecto de Laredo a San Antonio, en un episodio atroz que evidenció una vez más el rostro más brutal del tráfico de personas.
Pero, en uno y otro casos, al igual que ocurre en los cientos de muertes de migrantes que tienen lugar en los pasos fronterizos ribereños o desérticos de la frontera México-estadunidense y en más puntos entre ambos países, la actividad ilícita de polleros y enganchadores se desarrolla en el ámbito generado por la hipocresía tradicional de Estados Unidos en materia migratoria: la prohibición de ingresar a ese país a trabajadores cuya mano de obra sigue siendo fundamental para la economía de la superpotencia.
Como ejemplo de esta doble moral, el jueves pasado se señalaba en este mismo espacio que el discurso xenofóbico y racista que caracteriza a la presidencia de Donald Trump –y que es compartido por los sectores políticos y sociales más cavernarios del espectro político en la nación vecina–, según el cual los trabajadores extranjeros son responsables de buena parte de los males que aquejan a Estados Unidos, debe contrastarse con las quejas de empresarios, principalmente en los ramos agrícola, de la construcción y de servicios, en el sentido de que ningún trabajador local está dispuesto a tomar las plazas dejadas por los migrantes, y que incluso una explotación del campo propiedad de uno de los hijos del actual mandatario ha solicitado autorización para contratar a migrantes para la vendimia.
Así, la política de criminalizar la migración y los discursos de odio procedentes de la Casa Blanca desempeñan un papel fundamental en la gestación de situaciones mortíferas como las del Río Bravo y San Antonio.
Pero más allá de la responsabilidad ineludible de las autoridades estadunidenses debe admitirse también que los trabajadores mexicanos y centroamericanos se encuentran en circunstancias de extremada indefensión debido a la falta de firmeza de sus propios gobiernos, los cuales han fallado en exigir a Washington la despenalización de la migración laboral y el cese de los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que enfrentan sus ciudadanos en territorio estadunidense. En el caso de México, es evidente que el tema debe ser llevado a la mesa en la que habrá de renegociarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Finalmente, la mejor solución sería la adopción de una política económica capaz de impulsar el crecimiento, generar empleos, dignificar el campo y mejorar los niveles de vida de la población, de modo que ésta no se vea empujada por la necesidad a abandonar su lugar de origen para emprender viajes inciertos y sembrados de peligros de todas clases.
