a resolución en que la juez federal Karla María Macías Lovera ordena al Ministerio Público la investigación y presentación del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías trajo de nuevo a la esfera pública las múltiples vejaciones contra niños, niñas y adolescentes perpetrados por el religioso y sus colaboradores en los albergues infantiles Ciudad de los niños, cinco de ellos localizados en Guanajuato y uno más en Michoacán. A raíz de la sentencia de 221 páginas, organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) han señalado que el carácter sistemático del abuso contra los menores se encuentra ampliamente documentado, a la vez que alertan sobre la dilación y el silencio de las autoridades federales ante este caso que vuelve a evidenciar la inoperancia de los mecanismos institucionales de protección a la niñez, particularmente la que se encuentra en peores condiciones de vulnerabilidad.
De acuerdo con denuncias contra el clérigo, que se remontan al menos hasta 2009, él, otros sacerdotes y varias monjas, son responsables de abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios, cuya complicidad sería un elemento clave para explicar que pese al conocimiento de esta serie de atrocidades contra los menores bajo su resguardo, hasta la fecha ninguno de los señalados haya sido detenido y no haya sido cuando menos llamado a declarar en calidad de testigo.
Muestra de la absoluta indolencia con que se maneja el caso es que la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), el fiscal contra la trata de personas de Guanajuato, y el director del DIF local −organismo que tomó bajo su custodia el albergue ubicado en Salamanca al estallar el escándalo− admiten desconocer incluso el paradero del sacerdote y el personal del albergue.
Es necesario recordar que de ninguna manera se trata de un caso aislado, ni en lo que respecta a la violencia sexual contra menores por parte de integrantes del clero, ni en el ámbito específico de los abusos cometidos dentro de casas de acogida cuya misión debiera ser justamente salvaguardar el desarrollo físico y emocional de los pequeños. En este sentido, es inevitable asociar los presuntos crímenes de Gutiérrez Farías con la revelación, en julio de 2014, de las condiciones infrahumanas padecidas por los niños y adolescentes internados en la casa La Gran Familia, administrada en Zamora, Michoacán, por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, Mamá Rosa. Entonces como ahora, eran evidentes e incluso confesos los vínculos de los responsables con la derecha clerical y política, los cuales deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias tanto por un elemental deber de justicia hacia las víctimas actuales como para frenar la inaceptable repetición de casos como éste.
Lo que es indudable es que sucesos de esta naturaleza no deben ocurrir en un contexto institucional medianamente operante. Por el contrario, cuando se presentan episodios de tal gravedad, queda expuesto el fracaso del conjunto de la institucionalidad, no sólo en las instancias encargadas de la procuración y administración de justicia sino desde de los organismos −tanto públicos como privados− que debieran velar por la seguridad y el bienestar de los miembros más débiles de la sociedad, incluyendo a las instituciones encargadas de la salud y la educación.
En el contexto de la aguda descomposición social causada por los efectos negativos de la política económica neoliberal –desempleo, emigración, pobreza, marginación, desigualdad y disminución generalizada de los niveles de vida del grueso de la población– y de la creciente violencia delictiva, con lo que conllevan en términos de desintegración familiar y orfandad, queda claro que el DIF nacional y sus pares locales son insuficientes e incluso inadecuados para hacer frente a la aguda vulnerabilidad de decenas o centenares de miles de niños, niñas y adolescentes. Por su parte, las instancias de procuración e impartición de justicia no deben, en tales condiciones, permitir el menor margen a la impunidad ante casos de abuso de menores persistente y reiterado, como el que ha tenido lugar en la Ciudad de los niños.
