María nunca imaginó que al internar a sus dos nietas en la Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato, por culpa de la pobreza, una de ellas volvería embarazada y la otra con una enfermedad venérea como consecuencia de las violaciones que allí sufrió.

El testimonio de ambas menores, la primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo intelectual, es crucial para demostrar que en este albergue dirigido desde hace 40 años por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, se ha cometido una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de bebés a políticos y funcionarios. Vicente Fox, quien tiene cuatro hijos adoptivos, ha apoyado a este sacerdote y antes a Rosa Verduzco, Mamá Rosa.

Uno de los casos más ilustrativos es el de Ana Luisa Aguinaco Romero, esposa del presidente municipal de Salamanca, el panista Antonio Arredondo Muñoz. Desde su puesto de presidenta del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Luisa y las autoridades de Guanajuato han apoyado al sacerdote acusado de pederastia, cuyo paradero ahora se desconoce. Ella fue adoptada en el mismo albergue por María Esther Romero Deschamps, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero Deschamps, quien además es su padrino.

Un tema personal

Ese tema es personal y con mayor razón es una cuestión privada de ella; por lo tanto, oficialmente no va a hablar de eso, dijo Berenice Castro Romero al negar una entrevista con Aguinaco Romero, solicitada por La Jornada.

Arredondo Muñoz declaró hace unos días que el gobierno municipal de Salamanca sigue apoyando a la Ciudad de Los Niños y mensualmente entrega al sacerdote 18 mil pesos por concepto de gasolina. Sobre la existencia de denuncias contra el presbítero desde hace más de una década, dijo desconocer las omisiones cometidas por las dependencias de Guanajuato.

En la última reunión con Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR); Luis Gerardo Zapata Romo, fiscal contra trata de personas en Guanajuato; José Alfredo Borja Pimental, director del DIF de ese estado, y Rolando Gaytán Vera, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de esa misma institución, dijeron desconocer por qué el sacerdote acusado ni siquiera tiene orden de presentación. Tampoco saben el paradero de la religiosa Hortensia Jiménez Cruz, las otras monjas y el personal del albergue, actualmente intervenido por el DIF de Guanajuato.

Graves delitos

A pesar de que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (Nima) solicitaron desde hace dos semanas que la PGR atraiga el caso, su titular, Raúl Cervantes Andrade, ha decidido confiar en las autoridades de Guanajuato, denunciadas por estas organizaciones no gubernamentales de brindar protección a Gutiérrez Farías.

Evidentemente estas adopciones hechas por el sacerdote no se llevaron de manera legal porque no existe documentación al respecto. Este albergue no estaba ni está facultado para entregar menores en adopción, por lo tanto se configura un delito muy grave, dice Irma Lira, coordinadora del área jurídica de Nima, en entrevista con La Jornada.

Exigió que se deslinden responsabilidades penales contra funcionarios y jefes del Registro Civil por emitir actas de nacimientos irregulares, ya que la mayoría de los menores fueron registrados por el sacerdote con sus apellidos: No solamente el sacerdote cometió este delito, también el gobierno por violar el marco legal y no seguir la reglamentación establecida. Todas esas actas que no fueron emitidas apegadas a derecho son nulas y hay que iniciar un juicio.

Se presume que se encuentran en esta situación cientos de niños que durante 40 años han pasado por esta casa hogar: ¿Por qué el gobierno dejó al sacerdote cometer este delito durante años? ¿Por qué todo se lo permitían? ¿Cuántos menores ha entregado en adopción? Por la vía legal evidentemente no fue. (Fue por) palancas y recursos. Lo más importante ahora es qué va a pasar con todos esos menores y mayores de edad que no tienen los recursos para iniciar un juicio y volver a tener su verdadera identidad. ¿Cómo los va a proteger el gobierno?

Explicó que el caso de Aguinaco Romero, adoptada por la hermana de Romero Deschamps, es sospechoso: ¿De qué manera la dieron en adopción? ¿Fue de manera regular o irregular? Algunos periodistas locales me han comentado que han buscado su acta de nacimiento y no la encuentran.

En su ficha oficial publicada por obligación de transparencia, Ana Luisa menciona sus estudios de secundaria en el Colegio del Bajío Salamanca, pero oculta su escolaridad anterior. Su experiencia profesional está vinculada a Pemex, donde –afirma–trabajó de 2008 a 2015 como analista y coordinadora B. Ella y su madre forman parte de la lista de familiares de Romero Deschamps que han trabajado en Pemex. Salamanca es considerada feudo del líder vitalicio y su familia, donde son dueños de lujosas propiedades en el fraccionamiento Campestre y otros lugares.

Un infierno

Desesperada e indignada, María cuenta que intentó interponer denuncias contra Gutiérrez Farías y su albergue por la violación que sufrieron sus nietas, pero el Ministerio Público de la ciudad se negó.

El DIF resguardó a mis nietas en la Ciudad de los Niños y ellas me han contado que allí maltrataban a los menores, los violaban y las chamaquitas embarazadas hoy se aliviaban y al otro día venían personas que se las llevaban con sus criaturitas. A mi nieta la embarazaron allí y se escapó para que no vendieran a su bebé, dice en entrevista con La Jornada.

Comenta que aquello era como un rebaño de chivitas embarazadas, controlado por Martín, Sergio y el papi Pedro: Son unos tratantes de blancas, de niñas, de bebés. Los desaparecían. Dicen que el padre Pedro es un ángel, pero él llevaba a sus amigos, los mismos seminaristas, sacerdotes y amigos. Ya cuando estaban tomados se llevaban a las niñas y allí las traían abusando de ellas.

Su nieta, cuya identidad se reserva por ser menor de edad, comenta en entrevista con este diario que fue violada por varios sujetos y que el sacerdote bebía mucho alcohol con sus amigos: Siempre nos llevaban con ellos. Escogían a las más grandecitas, de 12, 13 años o más. A las embarazadas, luego de que llegaban con sus bebés, se las llevaban a Morelia o Irapuato y las desaparecían. En diciembre llegó una amiga con su bebé. Vinieron por el niño y a ella no la volvimos a ver. De vez en cuando también venían gringos a vernos para elegir a quién se llevaban.

De hecho, Gutiérrez Farías ha publicado el número de una cuenta bancaria para que realicen depósitos de donativos desde Estados Unidos para sus seis casas hogar, ubicadas en Guanajuato y Michoacán: Nosotros vimos en la basura del albergue puras botellas de vino, de alcohol, pues. En eso se gasta el dinero, porque a los niños les daban puras verduras de comer, fruta podrida y pan duro.

En los pasados siete años el sacerdote ha recibido 30 millones de pesos de recursos públicos y privados, de acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

María añade: “Lo único que queremos es justicia, que los metan a la cárcel a estos desgraciados. Abusaban de todos los que querían, de niñas y niños, también de las enfermitas. Se la han pasado vendiendo niños, haciendo negocio y eso es un crimen”.

CEAV en acción

En entrevista con La Jornada, Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), asegura que con la reciente reforma a la Ley General de Víctimas tienen la facultad de atraer casos del fuero común y en tres meses ya llevan 11.

“Eres la primera a quien se lo digo: acabo de firmar la atracción del caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca y los albergues en Michoacán. Hay muchos elementos para hacernos cargo de este caso tan grave. Urge el acompañamiento a las víctimas en atención al principio de interés superior de la niñez.

“Este caso surge a la luz como el caso de Mamá Rosa, Casitas del Sur y otros. Hay responsabilidad del Estado mexicano. Hay que poner atención a las denuncias de las niñas y niños; es muy importante creerles e investigar todo. Los niños son seres humanos con plenos derechos y a veces eso no se toma en cuenta hasta que el caso se hace grande”.