l sostenido crecimiento de los flujos migratorios en gran parte mundo –originados por situaciones de conflicto político o social, pugnas raciales, catástrofes naturales, desastres económicos o una combinación de esas calamidades– se evidencia desde hace tiempo en las extensas fronteras norte y sur de México. Pero si bien el fenómeno, con todas sus dramáticas consecuencias, es de sobra conocido y objeto de permanentes estudios y medidas orientadas a moderar sus efectos (que sean o no efectivas es cuestión aparte), en años recientes presenta variantes que lo tornan aún más preocupante. Una de ellas es la ascendente proporción de niños que, sumados a los nutridos contingentes de personas que alimentan la migración y en ocasiones solos, recorren el largo y accidentado camino que separa su tierra natal del país de su destino.
Los datos contenidos en el Anuario de Migración y Remesas 2017, que han elaborado de manera conjunta el Consejo Nacional de Población y la Fundación Bancomer, indican que durante el año pasado el número de menores detenidos cuando intentaban cruzar ambas líneas fronterizas (desde el sur hacia México y desde nuestro país rumbo a Estados Unidos) alcanzó un máximo histórico, superando por casi 10 por ciento el de por sí elevado registro anterior. La cifra (más de 100 mil) da una idea de la magnitud del problema, pero resulta todavía más impactante si se toma en cuenta que sólo abarca a aquellos menores que no lograron hacer el cruce
, y no a la totalidad de los que emprendieron la travesía.
El término menores comprende a los no acompañados
, que las instancias migratorias de las Naciones Unidas definen asépticamente como personas menores de 18 años que se encuentran separadas de ambos padres y no están bajo el cuidado de ningún adulto que por ley o costumbre esté a su cargo
, fórmula insuficiente para describir la indefensión en que se desplazan decenas de miles de menores que, a diferencia de los adolescentes de más edad, ni siquiera han dejado atrás su condición de niños.
En esta parte del mundo y en esta coyuntura, donde los movimientos poblacionales no son producto de guerras intestinas (aunque la narcoviolencia y el combate a la misma aportan su propia y alta cuota de migrantes) el desplazamiento de menores es, en gran parte, resultado de políticas económicas que han lesionado gravemente el tejido social y favorecen una continua atomización de los núcleos familiares. A las épocas en que sólo los varones, y en especial los adultos cabeza de familia, emigraban para buscar mejores horizontes económicos y una vez asentados llamaban a los suyos, le siguió un éxodo masivo de mujeres –solas o con hijos, a menudo pequeños– y a éste se sumó la salida cada vez más numerosa de menores de edad que ahora inquieta a las autoridades y los organismos internacionales de asistencia. Y, pese a las medidas restrictivas y de control que diseñan y ponen en práctica los gobiernos, es difícil que la tendencia detenga su línea ascendente, porque el camino del exilio voluntario es preferible al de la miseria extrema.
Periódicamente la agencia de las Nacio-nes Unidas para la infancia, Unicef, exhorta a los gobiernos de Centroamérica y de México a “hacer todo lo que esté a su alcance (…) para brindar a los niños, niñas y adolescentes el apoyo, atención, protección, educación y oportunidades de preparación” necesarias para evitar que abandonen sus hogares y se expongan a los riesgos de la odisea migratoria.
Pero el llamado tiene pocas posibilidades de éxito, al menos mientras persista un esquema económico cuyo único propósito es minimizar la intervención del Estado en aras de una iniciativa que privilegia el lucro y se desentiende de las necesidades sociales.
