Casi 10 mil elementos estatales de seguridad pública, equivalentes a 9 por ciento de la plantilla actual, deberían estar fuera de las corporaciones porque reprobaron los exámenes de control de confianza.

En el caso de los municipales la cifra se eleva a 12 por ciento y es ahí, en los ayuntamientos, donde se presentan más carencias en recursos humanos y materiales para el combate a la delincuencia.

Sin embargo, las autoridades locales se enfrentan a la falta de recursos para proceder con la depuración.

Es un tema financiero, porque a cada policía que se da de baja hay que indemnizarlo conforme a la Constitución, advirtió Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación.

Hay poco más de 9 mil policías preventivos estatales que tendrían que ser dados de baja por no haber aprobado controles de confianza. Estamos hablando de 9 por ciento del estado de fuerza estatal y de 12 por ciento del estado de fuerza municipal que tendrían que ser dados de baja, dijo en entrevista.

Hay entidades que llevan un avance importante en la depuración, pero la mayoría está en niveles de apenas 5 por ciento (de expulsiones), precisó.

A escala nacional, de 331 mil 12 elementos evaluados del sector seguridad (corte de abril pasado), el índice de no aprobación fue de 10 por ciento.

Descomposición

El caso Sinaloa es el más grave, porque tiene más de la mitad de su personal reprobado y, en algunas áreas, como la procuración de justicia, la descomposición se acerca a 60 por ciento.

Vizcaíno Zamora comentó que el gobierno de esa entidad realizará este año la inversión más alta del país en este rubro. Sinaloa es una de las entidades más violentas del país, con una tasa de homicidio doloso, a junio pasado, de 24.6 casos por cada cien mil habitantes, mientras a nivel nacional es de 9.84.

Visto por número de víctimas, tan sólo en junio pasado fallecieron en episodios violentos 163 personas, para sumar, durante el primer semestre del año, 879 asesinatos en el estado.

En contraparte, de casi 8 mil elementos evaluados en la entidad referida, 44 por ciento de los policías estatales reprobó; lo mismo 52 por ciento de los empleados de prevención y reinserción social; 57 por ciento de los agentes de la procuraduría de justicia, y 54 por ciento de los policías municipales.

Cambio de modelo

Vizcaíno Zamora dijo que se necesita dinero también para resolver el rezago de piezas centrales del nuevo sistema de justicia penal, como son las unidades de medidas cautelares –y contratar y profesionalizar a los operadores de las mismas–, responsables de argumentar ante el juez quién debe ser encarcelado.

–Existe la percepción ciudadana, en el tema de seguridad y justicia, que siempre algo falla, desde el policía hasta el juez. Ahí está el caso de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz.

–Ciertas partes fallan (pero) no está fallando el nuevo sistema de justicia penal. Cambiamos de un vehículo modelo 1917 a uno 2017. En efecto, hay quienes no saben conducir el nuevo coche.

“Sé que el ciudadano dice ‘a mí qué me interesa saber que está fallando la unidad de atención temprana o la de medidas cautelares’; por tanto, para obtener resultados debemos dejar de buscar culpables y ponernos a trabajar. Las entidades federativas tienen mucho qué hacer”, dijo.