La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría abrir la puerta para que las empresas mineras nacionales y extranjeras operen con mayor libertad en México, donde de por sí cuentan con el apoyo irrestricto de las autoridades, a pesar de los graves daños ecológicos y sociales que generan.

Así lo advirtieron representantes de diversas organizaciones de defensa del medio ambiente, las cuales destacaron que a pesar de la gran influencia económica de las compañías extractivistas, la coordinación de pueblos y comunidades en contra de esos proyectos devastadores es cada vez mayor.

En conferencia de prensa con motivo del Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto –que se conmemora hoy–, la activista Ivette Lacaba subrayó que el carácter preferente de las minas por sobre cualquier otra actividad económica se fundamenta en la ley promulgada en 1992 en dicha materia, pero también en una dinámica comercial de la que forma parte el TLCAN.

Por ello, advirtió que la renegociación de ese acuerdo puede ser una coyuntura que las mineras quieran aprovechar para que las leyes mediante las cuales operan se vuelvan aún más laxas. Tenemos la sospecha de que (las autoridades) van a ser todavía más dadivosas, porque de hecho trabajan para ellas, no para el pueblo de México, alertó.

Lacaba recordó que en la actualidad diversas compañías mineras tienen más de 28 mil títulos de concesión, mediante los cuales controlan 61 millones de hectáreas –equivalentes a cerca de 30 por ciento del territorio nacional–, además de que pagan una cantidad ínfima de impuestos, contratan muy poco personal mexicano y pisotean los derechos humanos de las comunidades donde se asientan.

Pese a ello, indicó por su par-te Juan Carlos Ruiz, del Colectivo Azul, la coordinación de grupos de la sociedad civil y comunidades en contra de la minería se ha vuelto cada vez más sólida, como lo demuestra el hecho de que varios pueblos se han declarado zonas libres de esta actividad, e incluso han obtenido triunfos jurídicos contra empresas mexicanas y trasnacionales.

Uno de ellos es el logrado recientemente por la comunidad indígena me’phaa de San Miguel del Progreso, en el estado de Guerrero, que logró frenar el proyecto minero Corazón de Tinieblas y anular la estrategia de la Secretaría de Economía de volver a ofrecer sus territorios para la posible llegada de otras compañías, apuntó Isidoro Vicario, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

Para conmemorar el Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto, diversas organizaciones ambientalistas se reunirán este sábado para planear acciones conjuntas en todo el país. De igual forma, en otras naciones habrá marchas y actividades diversas para manifestar su repudio a las empre-sas extractivas.