Busca el gobierno español que no se use dinero del erario
Sábado 22 de julio de 2017, p. 22
Madrid.
El gobierno español, presidido por el derechista Mariano Rajoy, decidió intervenir las cuentas públicas de la Generalitat de Cataluña con el propósito de que no se destine ni un solo euro público a financiar el referendo sobre la independencia que el gobierno regional tienen previsto celebrar el próximo primero de octubre.
El gobierno español argumenta que las restricciones a las finanzas catalanas se basan en una sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que prohibió de forma expresa destinar dinero de erario para este cometido.
Los puentes de diálogo están rotos entre Cataluña y España. El presidente de la Generalitat, el nacionalista Carles Puigdemont, se negó incluso a acudir a un acto público que se celebró el pasado jueves en la ciudad de Lleida y en el que estuvo presente Rajoy.
No hay sintonía ni interlocutor. Mientras los dirigentes de Cataluña que apuestan por la independencia siguen su hoja de ruta –secreta–, con la que aseguran que superarán los obstáculos legales para celebrar el referendo, desde Madrid se intenta poner obstáculos en todos los frentes.
La más reciente medida aprobada desde Madrid fue la que quizás lastime más el proceso independentista: cortar cualquier tipo de financiación pública a la celebración o a la promoción pública del referendo.
Y lo hicieron por conducto de la Comisión delegada para Asuntos Económicos, que preside el propio mandatario, en la que además de limitar aún más los recursos para el llamado fondo de liquidez, que resulta vital para los pagos corrientes de las administraciones autonómicas, el gobierno español impuso una serie de exigencias a las autoridades catalanas.
Entre ellas, una certificación semanal de gastos e ingresos a todos los interventores de las consejerías, responsables económicos financieros de las entidades en las que no existan interventores delegados, así como al director general de presupuestos y al de política financiera.
Todos los certificados que se emitan desde las instituciones catalanas serán verificados por el Ministerio de Hacienda. Y además, bajo la amenaza de que si se detectaran gastos que vulneran lo declarado por el TC se paralizará en la cuantía oportuna las entregas de dinero a la comunidad catalana procedentes del Fondo de liquidez autonómica
.
El vocero del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, explicó que se trata de una medida preventiva
para evitar que el dinero público se dirija a un fin distinto de aquel para el que lo necesitan los ciudadanos, que son los servicios públicos y no para sufragar una consulta que calificó de ilegal
.
El fondo de liquidez reserva este año para Cataluña un total de 3 mil 600 millones de euros, que se podrían paralizar, lo que supondría probablemente un grave riesgo de quiebra.
La última encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat de Cataluña reveló que los partidarios de la independencia bajaron en meses recientes a 39 por ciento, aunque 67.5 por ciento de la población está en favor de que se celebre el referendo para preguntar a la ciudadanía el estatus de la relación que prefieren mantener con el Estado español.
