n la Secretaría de Hacienda están más que contentos, porque una de las principales calificadoras internacionales, Standard & Poor’s Global Ratings, mejoró la prospectiva de la trayectoria de largo plazo de la voluminosa deuda pública mexicana, al elevarla de negativa a estable. Con tal decisión amaina el intenso dolor de muelas que en el gobierno peñanietista provocó la degradación que casi un año atrás decretó la citada agencia privada.

En agosto de 2016 Standard & Poor’s redujo su calificación crediticia asignada al gobierno mexicano (de estable a negativa) como resultado del deterioro de la expectativa por el incremento sostenido en la deuda pública, dejando en claro que podría abatirla aún más, toda vez que en 2015 tal débito representó alrededor de 42 por ciento del producto interno bruto nacional; para 2016 esa proporción se elevó a 45 por ciento y en 2017 llegaría a 50 por ciento, por lo que –según su propia advertencia– podría degradar aún más su calificación en el presente año.

En apenas una década la deuda pública mexicana aumentó cerca de 20 puntos porcentuales (de Calderón a Peña Nieto). De allí la degradante decisión de la calificadora descalificada (recuérdese que Standard & Poor’s fue una de las agencias que fingieron demencia y dejaron pasar la bomba de la llamada burbuja hipotecaria en Estados Unidos, la cual finalmente reventó y generó la profunda crisis económico-financiera en el país norteño y, de pasadita, a nivel mundial).

Amenazó con rebajarla aún más, pero en los hechos sucedió lo contrario y así como la agencia decide cuándo degradar una que otra deuda pública por el deterioro de la expectativa, al año siguiente mejora la prospectiva, por mucho que para el caso mexicano sus estimaciones se cumplieron prácticamente al pie de la letra, porque el débito público de nuestro país, como proporción del PIB, no ha dejado de crecer.

Desde luego que la Secretaría de Hacienda no desperdició la ocasión ni el anuncio de la calificadora, y de inmediato presumió que “Standard & Poor’s reconoce una reacción pronta y eficaz de las autoridades actuales ante los recientes choques negativos como los de tipo de cambio. La perspectiva estable refleja la mejoría del balance fiscal de México, el cual es reflejo de la política fiscal del gobierno y el persistente crecimiento económico. La calificadora enfatiza que la reforma fiscal apoyó de manera sustantiva para hacer frente al decrecimiento en los ingresos petroleros. Destaca que la mejora en la perspectiva refleja el historial positivo de las políticas fiscal y monetaria, el cual ha contribuido a déficits moderados y baja inflación, así como deuda externa sustentable”.

Hasta allí el autopiropo de la Secretaría de Hacienda, el cual deja de lado la verdadera razón por la que la multicitada agencia privada elevó su calificación de la deuda pública mexicana, la cual no es otra que la garantía del gobierno peñanietista de pagar puntualmente el servicio de tal débito, o lo que es lo mismo, primero morirían de hambre los habitantes de este país que la autoridad financiera dejara de pagar un solo centavo. Así, se aleja el fantasma de una eventual suspensión o, como diría el extinto titular de Hacienda, Jesús Silva Herzog, un problema de liquidez.

Lo llamativo de todo esto es que, como es su costumbre, Standard & Poor’s se desoye a sí misma, pues la deuda pública mexicana no ha dejado de crecer y el compromiso del gobierno peñanietista de reducir su tamaño como proporción del PIB mexicano ha sido permanentemente incumplido, a pesar de las advertencias que en tal sentido han hecho públicas organismos como el Fondo Monetario Internacional.

Cuando Felipe Calderón se instaló en Los Pinos, el gobierno de Vicente Fox le heredó una deuda pública equivalente a 28 por ciento del PIB (algo así como 3.13 billones de pesos); seis años más tarde, cuando el tal Jelipe por fin dejó la residencia oficial, tal proporción había crecido a 35 por ciento del producto (alrededor de 5.9 billones), y de allí en adelante el gobierno peñanietista la elevó –cierre de 2016– a 48 por ciento (en algún momento de 2017 la autoridad financiera reconoció que tal proporción rondaba 50 por ciento). Así, la estimación de la citada agencia calificadora se cumplió a cabalidad.

Pero de cualquier suerte Standard reconsidera su decisión y eleva su calificación de negativa a estable. ¿Qué la llevó a deshacer el entuerto? La única posibilidad es la garantía de la Secretaría de Hacienda –léase del gobierno de EPN– de primero muertos que incumplidos, por mucho que el margen de maniobra del erario nacional sea cada día más limitado.

Como en este espacio se ha documentado, en lo que va del gobierno peñanietista la deuda del sector público federal se ha incrementado en alrededor de 60 por ciento en su segmento interno y en más de 50 por ciento en su componente externo. Lo anterior se traduce en que la deuda interna –en números cerrados– pasó de 3.6 billones de pesos el primero de diciembre de 2012 a 5.7 billones el último día de mayo de 2017, mientras que en igual periodo el débito externo aumentó 62 mil millones de dólares (de 123mil a 185 mil millones; si se considera el desplome del tipo de cambio, ese brinco, en pesos, fue de un billón 600 mil millones a 3 billones 515 mil millones).

Así, al cierre de mayo pasado el total de ambos adeudos superó 9 billones de pesos, una catarata de dinero que en buena proporción se ha destinado al pago de intereses (y una parte muy menor a comisiones y gastos) de la propia deuda, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda, de tal suerte que en el transcurso del sexenio peñanietista de las arcas nacionales han salido un billón 276 mil 379.2 millones para cubrir los intereses de la deuda interna y casi 32 mil millones de dólares para lo mismo, pero en su segmento externo.

Pero en Hacienda están locos de contentos, porque Standard cree que mejoró la prospectiva de la deuda pública mexicana.

Las rebanadas del pastel

Toma forma la agenda de negociación del TLCAN, y Estados Unidos incluye el capítulo laboral, aunque no para el libre tránsito de mano de obra. Por el contrario, la queja del salvaje de la Casa Blanca es por la pérdida de miles de empleos en su país como resultado del acuerdo trilateral. De progresar, puede hundirse la tan cacareada competitividad mexicana, que no es otra que la miseria salarial que aquí se paga, con una diferencia de entre 10 y 15 tantos con respecto a lo que se cubre en el vecino del norte.

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