l economista en jefe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina, Ángel Melguizo, señaló ayer que en nuestro país seis de cada 10 hogares de clase media obtienen sus ingresos de personas que trabajan en el sector informal. Es decir, casi dos tercios de la población se encuentran en una situación vulnerable, dado que sus integrantes carecen de protección social, no ahorran para el retiro y no cuentan con capacitación para enfrentar la transformación que experimenta el entorno laboral.
Durante su participación en el 16 Encuentro Santander América Latina, organizado por ese grupo financiero trasnacional de origen español, el funcionario internacional indicó además que el cambio tecnológico afecta con mayor gravedad a los trabajadores con calificaciones medias, los cuales enferman y no tienen medios de atención o se jubilan y caen en pobreza
. En este universo de clase media vulnerable
, la condición de vulnerabilidad es transmitida por los padres a los adolescentes “en un momento en que América Latina –y el caso de México en particular no es diferente– tiene el mayor número de jóvenes de su historia”, agregó.
Un dato escandaloso es que para la OCDE esta clase media vulnerable
se conforma por personas con ingresos diarios de entre cuatro y 10 dólares (de 74 a 185 pesos, según el tipo de cambio actual), una forma de medición que constituye todo un acto de encubrimiento de la pobreza y que distorsiona la lógica y los análisis que puedan realizarse a partir de ella: ¿realmente puede considerarse de clase media
en México a quien tiene un ingreso mensual de entre 2 mil 200 y 5 mil 500 pesos?
Pero, más allá de que la organización incluya a los pobres en eso que denomina clase media no consolidada
, destaca el hecho de que las situaciones sociales descritas por Melguizo son resultado inocultable de las políticas económicas impuestas desde hace tres décadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la propia OCDE, consistentes en contención salarial, desmantelamiento del estado de bienestar, reducción máxima del sector público de la economía, eliminación de los subsidios al campo y de las políticas de desarrollo agrario, apertura comercial indiscriminada, demolición de los sistemas públicos de salud y educación, privatización de todo lo imaginable y desregulación laboral.
Después de tres décadas de aplicación implacable de semejante recetario, no es extraño que en México –y en muchos otros países de la región– el grueso de la población haya sido arrojada a la informalidad, carezca de seguridad social, jubilación, servicios médicos y se encuentre deficientemente capacitada para hacer frente a los desafíos de la revolución tecnológica.
En estas circunstancias no basta con describir el desastre social provocado por el modelo neoliberal; es necesario y obligado que las entidades que diseñaron la receta ortodoxa y que presionaron para su imposición exhiban una mínima capacidad de autocrítica y reconozcan que sus dictados resultaron catastróficos y que, si se trataba de promover el desarrollo y el bienestar, son un completo fracaso.
