Las comunidades indígenas de la capital del país enfrentan el reto no sólo de conocer sus derechos, sino de ejercerlos, advirtió Víctor Toledo Llancaqueo, especialista en la materia. Mientras Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), consideró que tanto el gobierno de la ciudad como la sociedad tienen el gran desafío de aterrizar un plan para implementar la Constitución de la Ciudad de México.

En el seminario permanente sobre derechos indígenas en la Ciudad de México, realizado en el Museo Nacional de las Culturas, el también asesor independiente de la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en defensa de los derechos de los pueblos indígenas aseguró que la Carta Magna local es la más avanzada a escala internacional.

Precisó que los derechos de este sector están plasmados en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución, dentro de los cuales destacó la representación de la comunidad indígena en cargos públicos y la consulta previa.

Si una ley afectara a los pueblos indígenas y no fue consultada es nula. ¿Para qué es la consulta? Es una salvaguarda de derechos, es un seguro, señaló.

Al respecto, Rodríguez Velázquez aseveró que esta ciudad no puede tener avances si no se toma en cuenta la opinión de los indígenas.

Sobre la discriminación hacia este sector de la población, Toledo Llancaqueo aclaró que para evitar esto, en la Carta Magna se incluyeron medidas especiales, como la consulta a los pueblos indígenas, promover la integración de órganos consultivos, acceder a cargos de representación popular, además de reconocer a las autoridades y representantes de estas comunidades.

La titular de la Sederec subrayó que por ello es importante que todos los ciudadanos conozcan el contenido de la Constitución de la Ciudad de México.

El especialista en derechos indígenas remarcó que la consulta es una obligación de los gobiernos local y federal, ya que México firmó varias legislaciones internacionales y la Ciudad de México hizo obligatoria la declaratoria de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.