La Asamblea Legislativa (ALDF) derogó del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón la norma de ordenación por vialidad en las calzadas Desierto de los Leones, Olivar de los Padres y avenida Toluca, que permitía a las inmobiliarias incrementar hasta en nueve veces el número de viviendas y triplicar el de cajones de estacionamiento en los desarrollos de esa zona.

El dictamen que presentó la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana a iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, y otra de la presidenta del mismo órgano dictaminador, la diputada panista Margarita Martínez Fisher, fue votado en contra por la bancada de Morena, al advertir violaciones al procedimiento legislativo, puesto que nunca se discutió en la comisión y por considerar que no se resuelve el problema si no se suspenden las construcciones que generan un impacto negativo en la zona.

El decreto aprobado por 32 votos en favor y 11 en contra establece en sus transitorios que los proyectos que obtuvieron certificados con dicha norma y no se han ejecutado quedarán sin efecto.

Se ordena a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) no expedir certificados únicos de zonificación de uso de suelo con la norma, aun cuando los desarrolladores la hubieran solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto derogatorio, el cual tendrá vigencia al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial.

Quejas ciudadanas

En noviembre de 2016 la ALDF emitió un exhorto a la Seduvi para modificar el Programa de Desarrollo Urbano de la delegación a partir de reiteradas quejas de los comités ciudadanos ante el crecimiento de los desarrollos inmobiliarios y el colapso de esas vialidades, que afectan de forma directa a la población de unas 35 colonias.

El dictamen aprobado advierte que la aplicación de dichas normas se contrapone al objetivo del programa de contribuir a un crecimiento equilibrado y a una distribución equitativa y racional de los recursos de la ciudad.

En otro artículo transitorio se ordena a la Seduvi, así como a las secretarías de Movilidad (Semovi) y de Medio Ambiente (Sedema), presentar al jefe de Gobierno y a la ALDF en un plazo de 90 días hábiles un informe de los dictámenes de impacto ambiental emitidos para edificaciones construidas con dicha norma de ordenación por vialidad, determinar las medidas de integración urbana que se ordenó ejecutar en dichos dictámenes para mitigar el impacto producido, así como las que no se cumplieron, y las sanciones aplicables a quienes las infringieron.