La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los presuntos actos de espionaje digital y acoso contra periodistas, activistas anticorrupción y personas defensoras de derechos humanos –incluidos integrantes de sus familias–, que habrían sido perpetrados por dependencias de seguridad del gobierno federal.

El organismo recordó que éstos y otros hechos denunciados meses atrás constituyen violaciones como injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional, las cuales deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas.

‘‘Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas.

‘‘Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la fiscalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia’’, aseguró Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

Este organismo agregó que el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.

‘‘Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal’’, resaltó Jarab.

Esta instancia de Naciones Unidas recibió con beneplácito el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) haya dirigido medidas cautelares a secretarías de Estado como las de Defensa Nacional, Marina y Gobernación, al igual que a la Procuraduría General de la República, y exhortó a éstas a dar cumplimiento a las acciones solicitadas.

Confió en que la investigación que realizará la PGR sobre los hechos sea pronta, exhaustiva e imparcial y agote todas las líneas de indagatoria y se informe regularmente sobre los avances a la sociedad.

Por separado, la organización PEN Internacional manifestó su preocupación por estos casos y condenó que la tecnología sea usada por los gobiernos con fines de intimidación y, por ende, de censura. Valoró que la PGR abra una investigación y exhortó a que las indagatorias sean expeditas, identifiquen y enjuicien a los responsables.

Asimismo, instó a las autoridades mexicanas a proteger a los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas.