El Estado mexicano tiene la obligación de investigar, esclarecer y sancionar a los responsables del espionaje en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, advirtió en el Senado el sacerdote y activista por los derechos humanos Miguel Concha Malo. ‘‘No se puede aceptar que la respuesta (oficial) sea el silencio y la impunidad’’, recalcó el religioso dominico.

Al ofrecer una conferencia magistral sobre ética pública, resaltó que utilizar un malware de alta tecnología denominado Pegasus, adquirido sólo por gobiernos para espiar los dispositivos móviles de quienes realizan críticas constructivas para mejorar la gobernabilidad del país, es a todas luces un acto de corrupción que requiere ser investigado.

El también presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria consideró que ‘‘no se vale que el gobierno federal responda a un artículo publicado en el periódico The New York Times, sobre la vigilancia ilegal y la escucha de conversaciones de periodistas y activistas de derechos humanos; que asegure que ninguna agencia oficial es responsable de ello, y proponga a los afectados presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR)’’.

Es una obligación del Estado mexicano investigar sobre este caso, insistió Concha Malo en el Senado. También dio a conocer un pronunciamiento de 141 organizaciones sociales, una parte de ellas integradas a la Red Todos los Derechos para Todos.

Insistió en que corresponde al gobierno mexicano esclarecer con precisión y exhaustividad los casos de espionaje denunciados en el artículo del citado diario estadunidense y las razones para llevar a cabo esa ilegal irrupción en la vida privada y profesional de periodistas y defensores de derechos humanos.

Como vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Concha resaltó que coincide con el rechazo de la sociedad civil a este nuevo ataque contra comunicadores e integrantes de organizaciones no gubernamentales. Se trata, sostuvo, de un mecanismo de intimidación y de abuso de poder que no puede tolerarse; debe ser investigado por una instancia independiente de forma exhaustiva y trasparente.

‘‘Exigimos reformas legales para regular las facultades de vigilancia del Estado, de conformidad con los parámetros de derechos humanos internacionales y garantizando la rendición de cuentas’’, recalcó.