Más de dos centenares de organizaciones civiles y más de 250 personas criticaron el probable espionaje de instancias gubernamentales contra activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Consideraron que la respuesta que dio la Presidencia de la República luego de estas revelaciones es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional (y otras dependencias) cuentan con estas herramientas de espionaje. Por lo que demandaron esclarecer todos los casos relacionados y transparentar las razones por las que se habrían dado estas acciones ilegales.

En un posicionamiento firmado por organizaciones como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Pro Juárez; y por decenas de personas, se censuró este nuevo ataque contra integrantes de la sociedad civil y se exigió rendición de cuentas del gobierno mexicano y sanciones contra los responsables.

El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación (realizada por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y organizaciones como Artículo 19), el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos.

Subrayaron que las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra los afectados, entre ellos integrantes del Pro Juárez, los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola y el hijo de Aristegui.

Como sociedad no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje; la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes; y sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales.

También demandaron las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.