La oposición demandó ante el pleno de la Comisión Permanente que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en torno al espionaje de defensores de derechos humanos y periodistas, denunciado por el periódico The New York Times.

Los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y del Trabajo-Morena, en ambas cámaras, coincidieron en que la investigación la debe llevar a cabo una comisión independiente con credibilidad, y que en las pesquisas participen las personas espiadas, y exigieron que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fije de manera pública su postura y la de su gobierno, contra el espionaje.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó el debate en el pleno, pero no que se citara a comparecer a los funcionarios que la oposición pidió.

En el debate, en el que la oposición acusó al gobierno de ser el responsable del espionaje, por acción o por omisión, el PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) salieron en defensa del gobierno federal. La senadora priísta Graciela Ortiz sostuvo que en el propio reportaje del diario estadunidense se reconoce que no hay pruebas de que el espionaje lo realizara la administración de Enrique Peña Nieto.

Ortiz acusó “de poca ética, que el autor de ese reportaje en The New York Times diga que no tiene pruebas de que el gobierno sea el responsable, ‘pero que todos creen que es el gobierno’. Necesitamos pruebas contundentes”.

El diputado de Morena Vidal Llerenas sostuvo: “el gobierno federal compró los equipos, de eso hay plena evidencia. Alguien usó el software de espionaje para un propósito distinto al que estaba autorizado. Se debe utilizar para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a terroristas, no para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos.

Denunció que esos aparatos los compró el gobierno, con la “nueva partida secreta, la 33701 del Presupuesto de Egresos. Cada año se le asignan 500 millones de pesos, pero utiliza, cada año, 9 mil millones de pesos. Gasta recursos que no autorizó el Congreso. Esa partida dice: operativos, material de comunicación, armamento, etc. Básicamente la gasta la Secretaría de Gobernación.

En tanto que, el PRI en la Cámara de Diputados reprochó el espionaje, pues es jurídica, política y éticamente reprobable. Ninguna modalidad de espionaje puede ser permitida, argumentó César Camacho. El coordinador priísta defendió la posición del gobierno, porque no hay pruebas, elementos de juicio o evidencias que sustenten el señalamiento de un grupo de reporteros denunciantes.