La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió, sin prejuzgar, a dependencias de seguridad gubernamentales que en caso de poseer cualquier sistema de espionaje, se abstengan de utilizarlos contra periodistas, activistas y defensores, contraviniendo el orden jurídico constitucional.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez explicó que la medida es en respuesta a un escrito de queja presentado por los afectados de presuntas acciones de espionaje por parte de dependencias de gobierno –reveladas por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto y dadas a conocer el lunes por el diario estadunidense The New York Times. Condenó toda conducta que busque afectar la privacidad de las personas, pues afecta su intimidad y sus derechos humanos, y aseveró que su personal estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia.

Los quejosos señalaron ser víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de un malware al parecer adquirido por las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina y Armada de México (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación (SG) y la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que solicitaron medidas cautelares y acusaron violaciones a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a su derecho a no ser molestados.

En su comunicación al respecto emitida ayer, la CNDH aseveró: “Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este organismo nacional solicitó a la Sedena, Semar, SG y PGR aplicar acciones para que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de emplearlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”.

Solicitó además que en caso de haberse obtenido información mediante ese tipo de programas, se abstengan de utilizarla y difundirla y sea valorada su legalidad por las instancias correspondientes.

A la PGR en específico le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.

Si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, nuestra Constitución indica que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, constituye una violación a derechos humanos y delito que debe ser investigado y sancionado, enfatizó la CNDH.