Santo Domingo.

Diversas organizaciones criticaron ayer los supuestos privilegios irritantes con que llegan a prisiones los presuntos implicados en los sobornos millonarios de la constructora Odebrecht en República Dominicana.

Hay descontento y desaprobación por esos privilegios, dijo Jesús Adón, uno de los voceros de la denominada Marcha Verde, que surgió este año para reclamar una investigación profunda sobre los sobornos y sometimientos judiciales a los responsables.

Un juez de la Suprema Corte de Justicia ordenó el pasado 7 de junio prisión preventiva contra el ministro de Comercio, Temístocles Montás, y otros siete ex funcionarios y el empresario Ángel Rondón por su presunta implicación con los sobornos.

Según la fiscalía, Rondón fungía como representante comercial de Odebrecht y actuó como el hombre del maletín, al distribuir los sobornos por 92 millones de dólares para garantizar que Odebrecht suscribiera contratos millonarios con el gobierno desde 2001.

Además de las ocho personas que deberán permanecer en prisión preventiva en República Dominicana, otros dos están en arresto domiciliario debido a razones de salud, mientras tres legisladores no serán enviados a la cárcel porque gozan de inmunidad parlamentaria.

De forma inusual, los implicados permanecieron varios días en una celda del Palacio de Justicia, edificio que aloja los tribunales en la capital, luego de la decisión del juez. Montás y otros seis involucrados fueron trasladados por vez primera la tarde del lunes a la cárcel de Najayo, 35 kilómetros al oeste de la capital.