El presidente Enrique Peña Nieto no ha promulgado la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, que le remitió el Congreso hace 46 días, lo que preocupa a legisladores de oposición en ambas cámaras.

Incluso el PRD propuso ya ante la Comisión Permanente que se llame al jefe del Ejecutivo federal a publicar de inmediato esa ley, a fin de poner en marcha los ordenamientos para sancionar esa práctica recurrente en México.

En un punto de acuerdo que presentó en la pasada sesión de la Permanente, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, refirió que la ley contra la tortura se turnó a Peña Nieto el 26 de abril y a la fecha el Presidente no ha formulado objeciones, pero tampoco la ha promulgado.

Sería preocupante que lo anterior se deba a la presión de grupos opositores a la reforma, lo que resultaría un contrasentido, pues en el amplio proceso generado para aprobar la ley, participaron activamente varias instancias del gobierno federal, recalcó.

Reconoció que tal vez la renuencia a que entre en vigor se debe a que permite a quienes estén sentenciados o procesados interponer recursos en caso de que se les hubiera torturado para obligarlos a confesar algún delito. Ello llevará al Poder Judicial a la revisar muchos procesos penales y sentencias.

Expuso asimismo que la impunidad en casos de tortura alcanza 99.6 por ciento. La unidad de la PGR que investiga en esa materia, sólo obtuvo 19 órdenes de aprehensión, derivadas de 4 mil 715 expedientes de averiguaciones previas iniciadas sobre ese delito a escala federal.

En entrevista, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó que es una ley que comenzó a discutirse en junio de 2015 cuando se aprobó la modificación constitucional en esa materia y llevó más de dos años crear esa legislación secundaria, que incluyó además cambios al Código Penal Federal, a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la La ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradición Internacional.

Aclaró que la ONU, por ejemplo, ha insistido al gobierno mexicano sobre la relevancia de contar con una ley sobre tortura, e incluso cuando se aprobó, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó beneplácito.

“La tortura en México es una tragedia a gran escala que exige del Estado Mexicano una respuesta integral, por ello es urgente publicar la nueva ley en el Diario Oficial, a fin de que se inicie la revisión de cientos de casos de víctimas del propio sistema y de sus autoridades”, señala el punto de acuerdo.