l sábado 20 un grupo de sicarios del cártel Jalisco Nueva generación (CJNG) asesinó a los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, indígenas wixaritari del municipio de Bolaños, en la región del noroeste de Jalisco que colinda con Nayarit y Zacatecas. Hasta marzo pasado, Miguel fue presidente de bienes comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán; su hermano Agustín era defensor de derechos humanos y, en particular, de los pueblos indígenas. Ambos formaban parte de la resistencia popular que durante décadas ha luchado por la recuperación de las tierras invadidas por ganaderos con la indiferencia o complicidad de las autoridades.
El doble homicidio de los hermanos Vázquez Torres remite de manera inevitable a los atentados que, con 15 días de diferencia, en enero pasado acabaron con las vidas de Isidro Baldenegro López y Juan Ontiveros Ramos, luchadores rarámuris por la protección de los bosques de la Sierra Madre Occidental en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. El asesinato de Baldenegro, en especial, constituye un triste recordatorio del estado de indefensión que padecen los indígenas que participan activamente en la protección de sus comunidades, pues deja al descubierto los alcances de la impunidad: en 2005 el activista se hizo acreedor del Premio Goldman por su defensa del territorio indígena y del bosque, y su muerte fue condenada de inmediato por organismos internacionales de derechos humanos, visibilidad mundial que de nada sirvió para proteger su vida.
Además del histórico despojo de sus tierras por caciques ganaderos, talamontes y la minería a pequeña o gran escala, las comunidades indígenas padecen hoy el acoso de los distintos grupos del crimen organizado que disputan las rutas de trasiego y las serranías apartadas donde se lleva a cabo el cultivo de enervantes como mariguana y, ante el auge del consumo de heroína en Estados Unidos, amapola. El cerco sobre los defensores del medio ambiente se cierra por la confluencia perversa entre los intereses de las compañías mineras y de los narcotraficantes, quienes han entablado una convivencia en la cual los grupos criminales preparan el terreno
, expulsando o amedrentando a los pobladores de las regiones donde se impondrán proyectos extractivos.
En el actual contexto de aplicación extrema del modelo económico neoliberal y de extractivismo desaforado, los pueblos indígenas se encuentran sometidos a una lucha constante para la preservación de sus territorios y fuentes de subsistencia, escenario en el que son particularmente vulnerables debido a los niveles de marginación que de por sí enfrentan y al papel omiso del Estado en hacer valer sus derechos y garantizar su integridad y seguridad.
Es imperativo esclarecer los crímenes contra Miguel y Agustín Vázquez Torres, Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, así como los de todos los indígenas y activistas que han perdido la vida en la defensa de sus territorios y el medio ambiente. Queda claro que la aplicación efectiva de la justicia constituye el primer paso para poner fin a las agresiones y a la colonización que las naciones indígenas padecen de manera ininterrumpida desde hace más de cinco siglos.
