l informe sobre la situación de la educación obligatoria en México, que cada año da a conocer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) describe, este 2017, una serie de problemas que son recurrentes en ese rubro. A diferencia, sin embargo, de muchos estudios, análisis e investigaciones sobre el tema que se difunden regularmente en el país, el documento del instituto hace énfasis en la visión que tienen los educadores directamente comprometidos en el proceso, y no tanto en la perspectiva que asumen las instancias que diseñan las políticas del sector. De ahí que su lectura resulte de especial interés, aun cuando haya señalamientos de que el discurso pedagógico actual debe ser examinado con precaución, pues se refiere a un modelo educativo vetusto.
Establecido el importante papel de los maestros y maestras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los enfoques más aceptados apuntan que el mismo incluye también otros factores ligados sólo de manera indirecta con la estructura educativa. Esto por un lado relativiza el alcance de las medidas que se pueden adoptar en el espacio escolar para mejorar la calidad de la educación (especialmente la básica), pero por otro permite que tales medidas impacten sobre carencias reales y no sobre deficiencias hipotéticas.
Cuando los docentes señalan, por ejemplo, que la actividad económica de las comunidades “determinan la posibilidad de los padres de tener (…) estabilidad y tiempo para involucrarse en la educación de sus hijos”, queda claro que exponen un problema cuya solución escapa al ámbito educativo institucional, para situarse en el terreno mucho más amplio de la economía. Algo parecido suele ocurrir cuando observan que “la desintegración familiar (…) disminuye la motivación de los alumnos” para proseguir sus estudios, o en aquellos casos en que se detecta inseguridad, pandillerismo o narcotráfico en el entorno cotidiano de los estudiantes.
Al respecto, el informe del INEE precisa que identificar con la mayor claridad posible los aspectos relacionados con las oportunidades para el aprendizaje puede dar pistas importantes para las acciones de mejora educativa
y comenta que “el sistema educativo difícilmente puede llevar a cabo acciones directas para cambiar las condiciones socioeconómicas de las familias de sus estudiantes a corto plazo. Sin embargo, se han encontrado relaciones muy importantes entre los resultados educativos y las condiciones escolares –que son responsabilidad directa de quien ofrece el servicio educativo–, así como con las condiciones sociales y familiares en las que el Sistema Educativo Nacional (SEN) puede tener cierto grado de incidencia”.
Pero un vistazo a las necesidades existentes en el contexto estricto de las escuelas da cuenta de que aun ahí hay trabajo por hacer si se pretende sacar a la educación del virtual pantano en que se encuentra: instalaciones descuidadas y poco aptas, falta de material, ausencia total de espacios, privaciones técnicas, equipamiento obsoleto cuando no inexistente, así como sobrepoblación de alumnos son realidades ligadas con la asignación de recursos y no con factores exógenos al proceso educativo.
Eso, más una revisión y adecuación de las condiciones de trabajo de las y los educadores –incluidas, naturalmente, sus percepciones– sí se halla dentro de la jurisdicción y las posibilidades del SEN, y sumado a una verificación y de ser necesaria una eventual readecuación del paradigma educativo, sería un significativo paso adelante.
