la insostenible situación del go-bierno del presidente Michel Temer en Brasil se sumó ayer la acusación hecha por directivos de JBS, la mayor empresa cárnica del mundo, quienes aseguran haber entregado al mandatario 4.6 millones de dólares a cambio de su apoyo para acabar con el monopolio de Petrobras en el abastecimiento de gas natural. La divulgación de este nuevo expediente se produce cuando Temer ya enfrenta una docena de solicitudes de impeachment (juicio político) presentadas por diversos legisladores y partidos, así como la deserción de funcionarios y masivas protestas sociales que exigen su renuncia, las cuales cobraron nuevos bríos el miércoles, cuando el Tribunal Supremo difundió una grabación en la cual el presidente negocia sobornos con Joesley Batista, dueño de JBS.
Este escándalo, que podría poner fin al mandato interino de Temer, cobra especial relevancia por el peso de la evidencia, pero dista de ser un episodio aislado. En efecto, el gobierno de la oligarquía neoliberal está marcado por la corrupción, no sólo por la manera fraudulenta en que se hizo del poder, sino porque desde que fue presentado el gabinete, un tercio de sus integrantes enfrentaban diversos cargos. Una situación en tal medida anómala precipitó durante los meses siguientes una serie de renuncias al estallar los problemas de corrupción en los que se encontraban envueltos los ministros o por luchas dentro del grupo gobernante, con el resultado de que hasta febrero del presente año siete de 21 carteras habían cambiado de titular.
La corrupción que permea todas las esferas del gobierno brasileño se explica por su origen ilegítimo: cabe recordar que Temer y sus aliados políticos se hicieron de la Presidencia mediante un golpe de Estado parlamentario, que llevó a la destitución de la presidenta elegida en los comicios de 2014, la luchadora social del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff. La ilegalidad de la maniobra legislativa y judicial que condujo a la remoción de la mandataria en mayo de 2016 y su salida definitiva en agosto de ese año, proviene de la absoluta ausencia de cualquier cargo penal en su contra y el uso de faltas administrativas como pretexto para iniciar un juicio político a todas luces improcedente.
Por otra parte, el carácter golpista del grupo que actualmente detenta el poder en Brasil ha determinado la imposición de un programa económico para someter al pueblo de esa nación sudamericana a las formas más extremas de la ortodoxia neoliberal e impulsar medidas dictadas por los grandes capitales trasnacionales, cuyo contenido altamente antipopular llevó a la derrota de este proyecto en las urnas en 2002, 2006, 2010 y 2014.
Queda claro que, la renuncia de Temer es un paso ineludible para el restablecimiento del orden democrático y del Estado de derecho brasileños, de la misma suerte que el seguimiento de un proceso penal transparente contra él y sus aliados políticos por el saqueo sistemático de la mayor economía latinoamericana y por la conspiración golpista contra Rousseff se imponen no sólo como actos de elemental justicia, sino como mínimas garantías de que semejantes quebrantos no habrán de repetirse en el futuro.
