a decisión del diario Norte de Ciudad Juárez de terminar su edición impresa, anunciada ayer en ese rotativo por su director, Óscar Cantú Murguía, no sólo es un hecho lamentable por lo que conlleva la pérdida de una publicación periódica en papel –dispersión de sus lectores, cierre de una fuente de trabajo, empobrecimiento de la oferta noticiosa local– sino también un suceso que ilustra a cabalidad las dificultades que enfrentan los medios informativos que buscan operar en forma independiente de los grandes grupos empresariales y a las tutelas encubiertas desde diversas instancias del poder público.

Es claro que para los medios de circulación o cobertura local las amenazas contra la vida de sus colaboradores es actualmente, como señaló el director de Norte, el ingrediente principal de las citadas dificultades. La referencia tiene nombre y apellido: Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del periódico ahora clausurado, asesinada el pasado 23 de marzo en una agresión que, según todos los indicios disponibles, fue una respuesta criminal a su trabajo informativo.

El homicidio contra Miroslava Breach, escribió Cantú, lo llevó a la conclusión de que no existen las garantías ni la seguridad para ejercer el periodismo crítico y, en consecuencia, a la decisión de cerrar el matutino tras 27 años de circulación.

Una razón adicional para cerrar Norte fue el irresponsable incumplimiento de las administraciones públicas de los tres niveles de gobierno, los cuales se han caracterizado por una soberbia negativa de pagar los adeudos contraídos por la prestación de servicios.

Tal situación tampoco es privativa del diario juarense, sino que la enfrenta la generalidad de los medios independientes –impresos o digitales– de los poderes políticos y económicos: éstos siguen poseyendo una perversa capacidad de golpear las publicaciones que les resultan incómodas mediante la asignación inequitativa y arbitraria de presupuestos de comunicación social –los cuales son dinero público y cuyo ejercicio debiera, por ello, estar sujeto a una regulación y una normatividad verificable– y, más aún, por medio de atrasos y regateos en los pagos por compra de espacios publicitarios.

En tales circunstancias, las amenazas permanentes a la integridad física de los informadores y a la viabilidad financiera de sus medios tienden a cerrar los espacios del periodismo independiente, crítico y profesio- nal en el país y a dejar el panorama informativo en manos de entidades que no se conducen en primera instancia por el rigor de la ética periodística ni por líneas editoriales independientes sino por intereses mercantiles o por lineamientos emitidos en la sombra desde oficinas públicas de distintos ámbitos. Contaminada de esa forma por intereses ajenos, la labor informativa termina convertida en uno más de los poderes fácticos que, por desgracia, proliferan en el país.

Tales tendencias sólo pueden ser explicadas por una falta de compromiso de las autoridades de los tres niveles con el estado de derecho y por su carencia de entendimien- to de la transparencia y la libertad de expresión como valores irrenunciables de la democracia. En ese sentido, el lamentable cierre de Norte debiera ser visto por los habitantes de Ciudad Juárez, los de Chihuahua y los del país en general, como un llamado de alerta sobre la degradación de la vida pública que se desarrolla en el México contemporáneo.