Al conceder la constitucionalidad de algunos artículos de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prácticamente ‘‘ha legalizado la represión de movimientos sociales’’ en la entidad, señalaron más de medio centenar de organizaciones sociales y de derechos humanos mexiquenses.

Agrupados en el movimiento Fuego de la Digna Resistencia, las organizaciones y colectivos de la sociedad civil lamentaron que la Corte haya dejado en la ambiguedad y al arbitrio de la autoridad diversas disposiciones legales para permitir el uso de la fuerza pública.

En conferencia de prensa, reprocharon a los ministros de la SCJN no haber tomado en cuenta los reclamos y observaciones presentadas por los pueblos y personas defensoras de derechos humanos de que la ley presenta huecos preocupantes por su ambigüedad, por lo que se facilitan diversas interpretaciones que buscan legalizar lo que de manera ilegal ya se ha venido ejecutando en la entidad: la represión violenta y hasta letal en contra de la protesta social pacífica.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia resolvió la constitucionalidad de la mayoría de los artículos que fueron impugnados incluso por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En este proceso, una mayoría de seis ministros fue insuficiente para declarar esos artículos inconstitucionales, ya que se requerían los votos de ocho de los 11 ministros que forman el pleno.

De esta forma, definiciones contenidas en la ley, tales como agresión real, agresión inminente y legítima defensa, quedaron intactas, por lo que si la ley entra en vigor queda sujeto a la decisión de los mandos policiacos la criminalización y la agresión en contra de quienes se manifiesten públicamente, dejando abierta la posibilidad de volver a vivir lo ocurrido en 2006 en Atenco, con detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza que derivó en violaciones a los derechos humanos.

José Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, calificó de preocupante esta decisión de la SCJN, pues al haber actuado de manera tan condescendiente, el panorama estatal se vuelve desalentador, pero la situación se agrava aún más cuando se observa que estas acciones se pueden incrementar exponencialmente a escala nacional con la eventual aprobación de la ley de seguridad interior, con lo que se busca legalizar la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

Consideró finalmente que el único punto positivo resuelto por la Suprema Corte fue el haber declarado inconstitucional el artículo que establecía que el uso de la fuerza pública sería la primera opción a la que podrían recurrir las corporaciones policiacas. ‘‘Ante este absurdo, al máximo tribunal no le quedó otra opción que declararla inconstitucional”, dijo.