a captura de quien hasta ayer era fiscal general de Nayarit, Édgar Veytia, ocurrida en San Diego, California, por su posible participación en tráfico de drogas, es un signo alarmante y exasperante de la descomposición de varios gobiernos estatales, de su proclividad a involucrarse en actividades de delincuencia organizada y del vacío institucional que permite a los Ejecutivos locales comportarse al margen de toda legalidad.

Es pertinente señalar que ante la detención de Veytia ninguna autoridad nacional puede llamarse a sorpresa, habida cuenta de la fama pública del ahora ex funcionario como perpetrador de toda suerte de atropellos y arbitrariedades, y como cómplice de grupos delictivos que operan en Nayarit. La ausencia de denuncias formales en su contra se explica por el terror que el fiscal suscitaba en la población del estado; su impunidad, por el empecinado respaldo que le prodigó en todo momento el gobernador saliente, Roberto Sandoval, quien llegó a referirse a Veytia como el mejor funcionario del año, como parte fundamental de la seguridad de Nayarit y como el hombre que había devuelto la paz a la entidad tras una oleada de violencia criminal registrada en los peores momentos de la absurda y mortífera guerra impuesta por Felipe Calderón en todo el país.

Otros ejemplos lamentables de lo que no puede llamarse sino ruptura del estado de derecho en diversas entidades es la situación de Javier Duarte Ochoa y César Duarte Jáquez, ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, respectivamente, y ambos prófugos de la justicia, acusados por actos de corrupción que dejaron a ambos estados en una grave crisis financiera.

Otro ejemplo de la descomposición imperante en las esferas políticas es el desfiguro perpetrado por la bancada priísta de la Cámara de Diputados, la cual cobijó durante más de un día al ex director de Adquisiciones de Duarte Jáquez, Antonio Tarín, el cual contaba con una orden de aprehensión por presunto desvío de 300 millones de pesos y quien pretende tomar posesión de la curul dejada por Carlos Hermosillo, quien falleció la semana pasada en un accidente. Suplente del legislador difunto, Tarín busca asegurarse la impunidad mediante la toma de protesta como diputado federal, lo que le otorgaría fuero, pero resulta asombroso, por decir lo menos, que la fracción priísta en San Lázaro lo haya ayudado a evadir la acción de la justicia cobijándolo en el recinto legislativo –al que, por ser un edificio federal, no tiene acceso la policía chihuahuense– en tanto el ex colaborador de Duarte Jáquez obtenía un amparo.

Por añadidura, el juez Anuar González Hemadi (juzgado tercero de distrito, en Veracruz) fue suspendido ayer por el Consejo de la Judicatura Federal tras el escándalo desatado por la decisión del magistrado de otorgar un amparo a Diego Cruz, uno de los integrantes del grupo conocido como Los Porkys de Costa de Oro, acusados por las agresiones sexuales a una menor en enero de 2015. En su fallo, González Hemadi sostiene, tras reconocer que la joven fue sujeta a tocamientos y roces por parte de Cruz, que la acusación de abuso no se sostiene porque no hubo el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual.

Por desgracia, epsiodios como los referidos no son excepcionales en la vida institucional de los estados ni en la de la Federación y refieren los graves quebrantos al estado de derecho cometidos por autoridades de los tres poderes. No sorprende que en tales circunstancias la gobernabilidad del país se encuentre cada vez más acotada.