Dos legislaciones fundamentales de protección ambiental están por modificarse. La iniciativa de Ley General de Biodiversidad propone un viraje hacia la mercantilización de la flora y fauna, mientras que el dictamen de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable viola derechos humanos de los pueblos indígenas y no ataca el tráfico ilegal de madera, advierten organizaciones.

La iniciativa forestal es regresiva en materia de derechos indígenas y participación social, ya que no reconoce ni protege el uso y disfrute preferente de los recursos forestales de los lugares que ocupan las comunidades, señaló Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Asimismo, elimina el criterio obligatorio de respetar el conocimiento de la naturaleza, cultura y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas y su participación directa en la elaboración y ejecución de los programas forestales de las áreas en que habiten. Carece de un mandato legal para que las reglas de operación de los programas establezcan criterios de prelación que brinden preferencia a pueblos indígenas, ejidos y comunidades en el uso de sus recursos.

El dictamen, que ya fue aprobado en comisiones y podría entrar al pleno de la Cámara de Di-putados el martes, sobre el comercio ilegal de madera, no suma elementos para supervisar la cadena productiva y que haya un mercado legal. Da posibilidad de que crezca el comercio ilícito, ya que no se tocan intereses de quienes pueden estar involucrados, como el caso de algunos industriales o comerciantes relacionados con la industria de la construcción, muebles, empaques y embalajes, dijo por su parte Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf.

Se debe garantizar la consulta previa a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, y que se abra la discusión; que haya un amplio debate entre todos los actores involucrados. De acuerdo con los principios que rigen el derecho ambiental, expedir una iniciativa de ley en estos términos supondría contravenir el principio de no regresión, lo cual está prohibido, precisó Alanís.

En cuanto a la iniciativa de ley de biodiversidad que está en el Senado, Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace, consideró que el cambio fundamental es que se orienta hacia la mercantilización de la naturaleza, es un avasallamiento de los recursos naturales. Consideró que hay dos temas preocupantes: uno es vida silvestre, trafico de especies, se remueven prohibiciones que existen y esto las abriría al mercado, y el otro son las implicaciones sobre la protección de los recursos genéticos. Agregó que esto va con el espíritu mercantil planteado en la pasada conferencia de las partes de biodiversidad.

Alanís, a su vez, indicó que esta iniciativa integra y agrega instrumentos de gestión y ordenamiento territorial para conservar la biodiversidad, como las áreas naturales protegidas (ANPs), corredores biológicos, áreas de importancia para la conservación de las aves, entre otras, pero no se consolida y se hace más flexible el régimen jurídico de las actividades permitidas en las ANPs y hace más difícil el proceso para su creación.

Consideró que sí busca un cambio en la política ambiental, pero no se consolida. Se busca visibilizar la importancia de considerar la biodiversidad más allá del sector ambiental e integrarla con otros sectores, principalmente al económico-productivo, pero es incipiente para lograr la transversalización, en tanto que no se contemplan los instrumentos para ello.

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, ve con buenos ojos la ley forestal. Elimina duplicidades que existen, nos hará mas eficientes, y se elimina regulación que la industria ha dicho que es excesiva y no les permite ser lo suficientemente productivos. Sobre la iniciativa de biodiversidad, dijo que fortalece instrumentos: contrario a lo que mucha gente dice, se mantiene el trato digno y respetuoso de diferentes especies. Sobre las que están en riesgo de extinción, se mantienen prohibiciones y periodos de veda.