El Senado de la República aprobó ayer, con cambios, la iniciativa de reforma del presidente Enrique Peña Nieto por la cual se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con el propósito de atender a los mexicanos que serán deportados de Estados Unidos, de manera particular a los dreamers.

La minuta con las reformas a la Ley General de Educación fue remitida a la Cámara de Diputados, que tendrá un mes de plazo para dictaminarla, dado que se trata de una iniciativa preferente.

El pleno del Senado aprobó la reforma con 107 votos en favor y uno en contra, luego de amplio debate en el que todas las fuerzas políticas deploraron la campaña de odio y xenofobia impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras conocer la aprobación, el presidente Peña Nieto destacó el desempeño del Senado para aprobar las modificaciones y en su cuenta de Twitter señaló: Esta reforma facilitará y dará mayor celeridad a la revalidación de estudios en el extranjero. Además, subrayó que en la discusión los senadores contribuyeron al enriquecimiento y fortalecimiento de esta iniciativa preferente.

En tanto, en el Senado, Mario Delgado, del PRD, señaló: ojalá sea el primer paso para atender a los jóvenes que son excluidos del sistema educativo.

El senador Daniel Amador Gaxiola, del PRI, comparó la estrategia de Trump con la impulsada por la Gestapo nazi en el siglo pasado.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, único que votó en contra, expuso que el Estado mexicano pierde facultades al pretender que los particulares se encarguen materialmente de la revalidación; implica ir más allá del artículo tercero constitucional, en detrimento de las funciones públicas, ya que se permite que las universidades privadas autoricen la validación de estudios en la educación superior, es decir, se privatiza el procedimiento de validación o convalidación de estudios.

El presidente de la Comisión de Educación, el panista Juan Carlos Romero Hicks, expuso que hicieron 13 modificaciones a la iniciativa presidencial; la principal fue para garantizar que toda persona que habita en el país tenga las mismas posibilidades de tránsito y movilidad.

Agregó que también se faculta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a establecer mejores formas de control escolar para diferentes momentos: inscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación.

Probablemente la contribución más sustantiva es que la SEP tendrá que proponer un marco nacional de cualificaciones dirigido a facilitar la movilidad estudiantil del sistema educativo, tomando las recomendaciones de las mejores prácticas internacionales que ya existen en 154 países.

Romero Hicks agregó que se faculta a la autoridad educativa a aplicar acciones dirigidas a atender de manera preferente a aquellos que están en condiciones de vulnerabilidad, ya sea por carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico nacional o situación migratoria, entre otras.

La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, indicó que la reforma reduce y simplifica los procesos burocráticos para revalidar estudios superiores y evita que la falta de documentos de identidad o académicos impida el acceso inmediato al sistema educativo nacional.