e acuerdo con los datos de evolución de carencias sociales presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), uno de cada cinco mexicanos sufre la falta de acceso a la alimentación, lo que en lenguaje llano quiere decir que padece hambre. Esta situación prevalece pese a que, según afirma el organismo, entre 2014 y 2015 se presentó una reducción en los seis indicadores de carencias sociales: por acceso a la seguridad social, por acceso a la alimentación, de acceso a los servicios de salud, acceso a servicios básicos en la vivienda, rezago educativo, y por calidad y espacios de la vivienda.

Es necesario considerar que en este momento no se dispone de un panorama completo de la pobreza en nuestro país, sino únicamente de informes puntuales acerca de las carencias que la conforman, debido al conflicto que surgió en 2016 entre el Coneval, organismo encargado de determinar los niveles de pobreza y observar los programas sociales en México, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), responsable de proveer la información estadística a partir de la cual opera el Coneval. Debe recordarse que en el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 el Inegi provocó una distorsión en los indicadores al modificar la metodología de las encuestas, por lo cual el Coneval se negó a calcular la evolución de la pobreza a partir de datos no comparables con años anteriores.

De tal manera, las cifras más recientes con las que se cuenta son las correspondientes al periodo 2012-2014. Entonces se estimaba que sólo dos de cada 10 mexicanos vivían libres de cualquier forma de pobreza o vulnerabilidad, mientras 55.3 millones de personas –46.2 por ciento de la población nacional– eran consideradas pobres, al encontrarse debajo de la línea de bienestar mínimo, y 11.4 millones –9.5 por ciento– sufrían de pobreza extrema.

Mientras el Coneval espera los datos correctos para presentar un informe completo, lo que se evidencia es la persistencia de condiciones inaceptables para una proporción tristemente estable de los mexicanos. Así lo muestra la raquítica reducción de la carencia por acceso a la alimentación, la cual habría pasado de 23.4 a 21.7 por ciento en el periodo 2014-2015, dando cuenta de que una quinta parte de la población vive, para decirlo de manera clara, en la miseria.

Semejante panorama pone en entredicho la credibilidad en materia económica y social de reformas constitucionales, políticas públicas, programas sociales, declaraciones y, en conjunto, de toda acción de Estado presuntamente destinada a propiciar el desarrollo nacional, pues resulta de sentido común que un país con 20 por ciento de habitantes mal alimentados tendría que empezar por resolver ese flagelo; de otra manera, las políticas públicas en todos los otros ámbitos estarán construidas sobre arena.

En otros términos, mientras una quinta parte de la población carezca de alimentación suficiente, resulta iluso pensar que pueden resolverse el resto de los problemas que aquejan al país: ni los exasperantes índices de violencia y criminalidad que azotan amplias franjas del territorio ni los graves rezagos experimentados en materia educativa o de salud pública admiten soluciones que pretendan obviar las carencias más básicas de los pobres y de los pobres entre los pobres.