El gobierno federal ya inició pláticas con la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Derechos Humanos, entre otras acciones para defender a los mexicanos residentes en Estados Unidos, reveló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso.

No habremos de titubear ni dudar para acudir a los organismos internacionales y a la propia justicia estadunidense si se violentan los derechos civiles y de debido proceso de los migrantes, recalcó al comparecer ante el pleno del Senado, donde escuchó críticas y cuestionamientos de legisladores de oposición que insistieron en que no ha sido firme ni contundente la respuesta de la administración de Enrique Peña Nieto ante las agresiones de Donald Trump.

Que no se confundan las buenas formas de la democracia y de la diplomacia con la falta de firmeza. Que no se confunda la prudencia con falta de claridad. Que no se confunda la falta de estridencia con la falta de estrategia. El Presidente de México y su gobierno enfrentan el reto histórico con claridad de miras y con claridad de estrategia, respondió.

En su primera intervención, Videgaray dijo que en la negociación con Estados Unidos se establecerán límites claros y precisos. Detalló que durante las reuniones con los secretarios de Estado y de Seguridad Interior de Estados Unidos, Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, dejaron en claro los puntos no negociables; en primer lugar, la decisión de velar por el respeto a los derechos de los indocumentados .

Se definió, dijo, que tampoco son negociables la pretensión del gobierno de Trump de establecer acciones de extraterritorialidad y el intento de militarizar las operaciones en materia migratoria, que nuestro país rechaza.

México quiere seguir en una relación de amplia colaboración, de estrecha comunicación, pero para ello es necesario que la relación en su integralidad sea una relación genuina, de asociación, de diálogo constructivo, en la que dejemos atrás las amenazas y los agravios.

El titular de la SRE informó que uno de los temas que trataron con Tillerson y Kelly fue la petición de que se reconozca el acuerdo de totalización firmado por México y Estados Unidos en 2004, el cual establece la coordinación entre ambas naciones para permitir que los trabajadores mexicanos que sean deportados puedan acceder a sus ahorros en materia de seguridad social.

Acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el canciller expuso que aspiran a que cualquier modificación preserve su naturaleza como libre comercio y no implique daño. Si es algo que desvirtúe la esencia de beneficios para este país, es preferible entonces no estar en el TLCAN, no lo aceptaría el Ejecutivo y estoy seguro que tampoco el Senado.

Durante la comparecencia de más de cuatro horas, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, insistió en que se requiere cambiar a un paradigma que defienda la soberanía nacional. Su compañera de bancada Layda Sansores expuso que la actitud del gobierno ha sido tibia y medrosa, y la panista Gabriela Cueva aludió a la falta de una política de Estado en materia de política exterior.

La perredista Dolores Padierna agregó que el gobierno de Peña Nieto ha ido de tumbo en tumbo, de silencio en silencio y de omisión en omisión frente a la administración de Trump.

Videgaray Caso respondió que más que fijarnos en los dichos, México observa los hechos y habremos de responder con claridad, oportunidad, inteligencia y contundencia ante los hechos. No a la confusión de las palabras expresadas en discursos o en las redes sociales.

La mayoría de los oradores, entre ellos los priístas Marcela Guerra y Patricio Martínez, pidieron que haya oposición frontal a la construcción del muro en la frontera. El ex gobernador de Chihuahua insistió en que se haga un reclamo formal al gobierno de Trump por los errores en la delimitación de la franja fronteriza.

Es un asunto que la SRE ya analiza y se acudirá a las instancias internacionales y a los paneles de solución de conflictos cuando haya materia, contestó Videgaray.

El funcionario entregó al Senado un informe sobre la distribución de los mil millones de pesos a los 50 consulados, que se emplearán en buena parte para el pago de asesorías legales a los migrantes en riesgo de ser deportados.