ás allá de sus vacuos y reiterados llamados patrioteros y demagógicos a la unidad de todos los mexicanos, Enrique Peña Nieto y su vicepresidente de facto, Luis Videgaray, deberían hacer a un lado su doble discurso e informar a qué acuerdos y compromisos están llegando en forma oculta y subordinada con el gobierno de Donald Trump en materia económica, migratoria y militar, en irónica analogía con el gobierno colaboracionista de Vichy (Pétain) en la Francia ocupada por los nazis.

En franca contradicción con la narrativa oficial, la escandalosa cesión de la soberanía nacional −con el virtual corrimiento de la frontera sur de Estados Unidos a Belice y Guatemala, que no empezó ayer− abona la tendencia hacia una mayor autonomía militar en el plano doméstico. Es decir, profundiza el papel de las fuerzas armadas mexicanas como ejército de ocupación de su propio país (con un nuevo marco jurídico regulatorio en ciernes, con base en una doctrina de seguridad nacional que define al enemigo interno), ante las convulsiones sociales en aumento que derivarán de la nueva fase de balcanización y despojo de territorios, tierras y recursos geoestratégicos y megadiversos, legalizada por la contrarreforma energética aprobada por los partidos del autodenominado Pacto por México.

Dicha función como guardia pretoriana al servicio del gran capital fue diseñada por el Pentágono para todos los ejércitos del área desde mediados de los años 90, bajo la pantalla de una estrategia de seguridad que privilegiaba la militarización y trasnacionalización de los esfuerzos antidrogas en el hemisferio. Durante la II Conferencia de Ministros de Defensa en Bariloche, Argentina, en octubre de 1996, el secretario estadunidense del ramo, William Perry, dijo sin ambages: La región es la fuente de recursos vitales para nuestra seguridad y bienestar, en la medida en que América Latina es el tercer mercado en importancia para nuestras exportaciones.

Si los planes Colombia y Puebla Panamá del Pentágono (1999-2000) fueron los caballos de Troya para el adoctrinamiento, la penetración y asimilación de los ejércitos concernidos en ambos proyectos, la Iniciativa Mérida (2007) significó el total alineamiento de las fuerzas armadas mexicanas con las políticas de Washington, bajo las directrices del Departamento de Seguridad del Suelo Patrio (Department of Homeland Security–DHS, 2002), al que tal vez por su reminiscencia territorial nazi lo traducen oficialmente como Departamento de Seguridad Interior.

Como ha señalado John Saxe-Fernández, la controvertida Ley de Seguridad Interior impulsada por los secretarios de Defensa y Marina de México es una calca de la Homeland Security Act (http://911research.wtc7.net/ ) que rige con leyes paralelas al DHS, limitando derechos y libertades civiles e institucionalizando el estado de excepción en Estados Unidos. Un estado de emergencia que intenta ser legalizado ahora en México, complementado con leyes de tipo castrense (como la militarización de los puertos) y otras como la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, aprobada al calor de las discusiones sobre la contrarreforma energética.

Al respecto, cabe consignar que la contrarreforma energética fue diseñada de manera no tan clandestina por funcionarios del gobierno de Estados Unidos como Hillary Clinton y el ex embajador en México Carlos Pascual; bancos y consorcios financieros de Wall Street; ejecutivos de las grandes corporaciones oligopólicas y monopólicas privadas e inversionistas y prestanombres locales del sector hidrocarburífico y minero, entre las que destacan Sempra Energy y su subsidiaria Ienova (de Carlos Ruiz Sacristán), Halliburton, Sierra&Gas (ligada a Carlos Salinas de Gortari), Grupo Carso Oil&Gas (Carlos Slim), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Pedro Aspe (Evercore), Luis Téllez (Monterra Energy/KKR) y las financieras First Reserve y BlackRock (el fondo de capital privado más grande del mundo, involucrado en la construcción del gasoducto Los Ramones, que con una extensión de 852 kilómetros trasladará gas natural desde Agua Dulce, en Texas, a Nuevo León −pasando por Tamaulipas−, desde donde será redistribuido a diferentes centros de producción en San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro).

A esas y otras corporaciones trasnacionales extranjeras y nacionales se traspasarán los activos y la infraestructura estratégica y crítica de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad −orientada hacia los ahora militarizados puertos de Coatzacoalcos (Veracruz), Salinas Cruz (Oaxaca), Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Chiapas ( en el municipio de Tapachula), como plataformas de exportación hacia el mercado mundial−, incluidos reservas, yacimientos, infraestructura (gasoductos, oleoductos, redes de energía eléctrica), áreas productivas y mercados: un proyecto que incluye además la bursatilización de las reservas de hidrocarburos vinculados a la banca comercial transnacional.

Cabe recordar que más de 50 por ciento de los terrenos necesarios para las nuevas zonas económicas especiales (ZEE), con epicentro en el estratégico Istmo de Tehuantepec (el corredor energético Coatzacoalcos/Salinas Cruz y su ramal Tabasco/Campeche), no son de propiedad federal, sino una mezcla de propiedades estatales, municipales y privadas, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos. De allí el paquete de leyes en beneficio del gran capital privado por razones de utilidad pública (vía expropiaciones, régimen de servidumbre y ocupación temporal de tierras), que busca ser complementado ahora por el secretario de Seguridad Interior de EU, general retirado John Kelly, con un nuevo Plan Colombia para México, bajo la advertencia de su jefe Trump de que si el ejército local no puede pacificar al país está dispuesto a enviar mandos y tropas estadunidenses al territorio nacional para capacitar, coordinar y dirigir operaciones tácticas y acciones conjuntas con las fuerzas mexicanas contra los bad hombres.