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Inaceptable, el poco alcance de la Cruzada contra el Hambre, afirman

ONG exigen el cese de la simulación en la lucha del gobierno contra la pobreza
 
Periódico La Jornada
Miércoles 22 de febrero de 2017, p. 15

Organizaciones civiles agrupadas en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza se pronunciaron ayer por que se realicen cambios institucionales para lograr la cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad.

Esto, luego de las fallas detectadas en la revisión de la cuenta pública 2015, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), principalmente en servicios de salud a cargo de gobiernos estatales y en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que es inaceptable que después de tres años la estrategia emblema para combatir la pobreza, que supuestamente coordina 43 programas y tiene como población objetivo únicamente a siete millones de personas, sólo haya logrado atender a la mitad: 3.6 millones, según reportó la misma Secretaría de Desarrollo Social en 2015.

Además, recordó que, de acuerdo con la ASF, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no acreditó en qué medida se atendieron las carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria identificada, ni la vinculación de los programas con las carencias que presentó cada persona”.

Y al no poder medir qué resultados logran con los que sí cubren no hay datos para saber si las carencias se resuelven. Es urgente superar la simulación y el gradualismo, dijo.

En la primera mesa de diálogo Cohesión social. El país que queremos, en la que participaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la asociación exigió cambiar las políticas que han mostrado su falta de efectividad en la Cruzada contra el Hambre.

Asimismo, blindar los recursos para la salud con la participación de la ciudadanía por medio de la contraloría social. Y legislar para crear el padrón único de beneficiarios, que sea transparente y eficaz para asignar apoyos a quienes realmente lo requieren.