En su declaración final, el Parlamento Infantil exigió al Estado mexicano cumplir su responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para otorgar educación de calidad y garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

Durante cinco días en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 300 menores de edad de todo el país se reunieron para analizar y discutir temas como el derecho a la educación de calidad, a la igualdad sustantiva entre niños y niñas, a vivir en familia, a la no discriminación, a la salud y respeto a la niñez migrante.

Algunas propuestas que presentaron los legisladores infantiles, cuyo trabajo se dividió en 15 mesas, están relacionadas con mejorar su entorno en las escuelas, en sus hogares y en sus comunidades, incluyendo el tema de la seguridad.

Para prevenir la violencia en los planteles educativos, por ejemplo, sugirieron llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los daños que genera el acoso escolar; talleres para que la comunidad escolar dialogue; impulsar leyes que consideren tratamiento adecuado para el agresor y el agredido, así como fomentar la inclusión y la no discriminación, especialmente de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

Además, plantearon la creación de un comité y de un instituto, ambos infantiles; el primero, para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y el segundo, para atender a la población infantil y juvenil deportada y migrante, a la cual –dijeron– deberá brindarse atención médica, asesoría, albergue, alimentación y transporte para llegar a sus lugares de origen.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que este Parlamento Infantil es el primero que se realiza con la vigencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que seguramente será un referente para sucesivos ejercicios de participación infantil.