Es indispensable que el gobierno federal acuerde con la administración de Enrique Peña Nieto una deportación coordinada y ordenada de migrantes, ya que la expulsión de mexicanos de Estados Unidos podría incrementarse hasta 500 mil por año y en ‘‘un escenario catastrófico’’ podría llegar hasta 900 mil anuales, se advierte en un estudio elaborado para el Senado por expertos en la materia.

En el documento México ante el gobierno de Donald Trump, investigadores universitarios y del Instituto Belisario Domínguez, convocados por la bancada del PRD, se advierte asimismo que es indispensable apoyar financieramente a las entidades fronterizas que recibirán a deportados a fin de organizar la llegada y el traslado de los migrantes a sus lugares de origen.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Jorge Durand prevé dos escenarios posibles: el primero, que se acentúe la política migratoria que llevó a cabo Barack Obama, basada en la deportación de los llamados ‘‘criminales’’ que radican en Estados Unidos, es decir, de procesados, pandilleros y mexicanos que cometieron delitos o faltas menores.

Asimismo, de establecer mayores penas a los mexicanos indocumentados que reincidan en regresar a territorio estadunidense. Pueden continuar también las redadas en mercados de trabajo donde hay exceso de mano de obra. Es decir, se expulsará a quienes no tienen empleo fijo. A ello se sumará el retorno forzado de familiares cuando se detiene o deporta al jefe de familia. En este escenario, las deportaciones podrían incrementarse hasta 500 mil al año.

Sin embargo, recalca que puede haber un segundo escenario catastrófico de deportación masiva de mexicanos, que elevaría la cifra a entre 700 mil y 900 mil al año. Para ello, recalcó Durand, sólo se requiere reactivar leyes y propuestas ya presentadas, como la Proposición 187 de California, de 1994; la Ley Ilraira (Illegal Immigration Reform and Inmigrant Responsability Act), de 1996; la llamada Ley Arizona SB 1070, cuyo contenido fue retomado por Trump en agosto de 2016.

En cualquiera de los dos escenarios es necesario que el gobierno de Peña Nieto negocie la continuación de los acuerdos bilaterales a los que se llegó con Obama, por los que se definieron lugares y horarios específicos para las deportaciones.

En el caso de los menores de edad, ‘‘hay protocolos ya establecidos que se deben respetar’’. Por lo que toca a los niños o niñas mexicano-estadunidenses, se debe facilitar su ingreso y su documentación como nacionales.