e acuerdo con el estudio Índice de civismo digital, elaborado por la trasnacional Microsoft, 76 por ciento de los usuarios mexicanos de Internet no se sienten seguros en ese entorno. La mayoría de ellos (54 por ciento) perciben riesgos relacionados con contactos no deseados por medio de las redes sociales o del correo electrónico, particularmente en lo que se refiere a mensajes o solicitudes sexuales y la llamada extorsión sexual, consistente en amenazar con la divulgación en línea de la intimidad de las víctimas.
Ciertamente, las tecnologías del presente han incrementado la facilidad y la inmediatez de las relaciones interpersonales y la capacidad de los usuarios de ponerse en contacto con personas desconocidas, y tales circunstancias son aprovechadas por individuos agresivos o intrusivos para irrumpir en la privacidad de internautas crédulos o incautos; asimismo, la facilidad mencionada abre un gran margen de acción para profesionales del chantaje, práctica que, junto con el ciberacoso y delitos más graves como el reclutamiento en línea de víctimas para la explotación sexual, se ha convertido en uno de los males de la sociedad actual.
Hacer frente a esas prácticas requiere del desarrollo de una nueva cultura de la seguridad digital, así como de la conciencia de los usuarios sobre lo que las terminales –computadoras, tablets y teléfonos celulares– pueden revelar sobre la identidad de quien las utiliza, así como sobre las fortalezas y los límites de los sistemas de autentificación y verificación, pero también de los virus informáticos, herramienta usual de los delincuentes internéticos.
Curiosamente, el estudio es indicativo, por omisión, de la desproporción en los temores de los usuarios, pues en él no se hace referencia a la preocupación por los delitos patrimoniales y financieros que proliferan en las telecomunicaciones contemporáneas, como se señaló en este espacio hace unos meses ( La Jornada, 29/9/16). La usurpación de la identidad digital puede ser el vehículo para tener acceso doloso a cuentas bancarias o endosar cargos no realizados por la persona afectada.
Es pertinente tener en cuenta que, tanto en lo que se refiere a abusos de la intimidad de las personas, como a delitos sexuales y patrimoniales, la condición internacional de la red de redes, el atraso de las legislaciones y el ritmo vertiginoso del desarrollo tecnológico seguirán abriendo oportunidades a conductas indebidas y delictivas ante las cuales los usuarios deben, sin entrar en pánico ni renunciar a las evidentes ventajas de las redes informáticas, adquirir una percepción realista y precisa del entorno en el que se mueven y de los mecanismos de seguridad a los que pueden recurrir. Las autoridades, por su parte, tienen ante sí la obligación de mantener al día mecanismos de prevención del delito y de rastreo, identificación y localización de presuntos infractores, tareas que, paradójicamente, también son facilitadas por la propia tecnología.
Finalmente, es recomendable tener en mente que la criminalidad y las conductas antisociales no se inventaron en Internet y que la inseguridad no es mayor allí que en las calles, en los espacios públicos y, en ocasiones, en los propios hogares.
