Veracruz le urge un buen gobierno que vaya más allá de las ilusiones creadas por Miguel Ángel Yunes Linares. A su vez, el mandatario está obligado a responder las expectativas generadas tras la crisis económica y moral que dejó el prófugo Javier Duarte y a resolver en lo posible la sensación colectiva de incertidumbre en el futuro.

Para el gobierno yunista no basta como táctica central caracterizar el deterioro institucional reciente –enfatizando en los perjuicios sociales de la corrupción– o la persecución de los saqueadores para demostrar que la suya sí será una gestión distinta, con una agenda puntual tan ambiciosa como factible pueda ser en las atroces circunstancias financieras de la entidad.

La tarea es enorme y para cambiar algo el estado de cosas habría que comenzar por restituir los derechos políticos, civiles y humanos de numerosos grupos de la población pisoteados en el pasado reciente. Ello hizo que la entidad entrara en un proceso de inestabilidad política con crecientes índices delincuenciales, cuyos efectos siguen tan vigentes ahora como en la peor época del duartismo.

En esa etapa el gobierno se convirtió en un ente de escasa efectividad gubernativa que arrastró consigo a la burocracia y de paso a la calidad del servicio público. Se fueron por el caño el imperio de la ley y el estado de derecho, desvalorizando la actuación de las policías y del sistema judicial, en abono de que se cometieran más actos criminales y se exacerbara la violencia.

Como no había proyecto gubernamental, sólo administración del presupuesto y de la asignación de la obra pública, jamás existió un verdadero control de la corrupción, y el desvío del poder público hacia la ganancia privada puso al estado en manos de intereses particulares, de familias y grupos políticos.

Ese hipotético buen gobierno al que está obligado el gobernador se encuentra anclado en salir de la actual crisis económica y en el control de la corrupción, pues ambas son dos caras de la misma moneda.