ste domingo, Miguel Ángel Mancera cerró el ciclo de procesamiento político de la primera Constitución de la Ciudad de México (CDMX). Acompañado del secretario federal de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el jefe del gobierno capitalino firmó un acuerdo para que dicho documento fuera publicado tanto en la Gaceta Oficial de la propia CDMX como en el Diario Oficial de la Federación, con lo que ha iniciado la vigencia escalonada de esos preceptos, en un gradualismo que comienza con las tareas electorales y en otros temas tardará hasta el 2022.

En ese acto de presunta promulgación del nuevo documento rector de la entidad antes llamada, sin más, Distrito Federal (la fracción partidista más activa, la de Morena, objetó con fundamento tal promulgación, señalando que en el artículo 122 del nuevo ordenamiento se adjudica tal facultad a la asamblea constituyente y no al jefe de gobierno), se puso de manifiesto el sentido de identificación personalista que Mancera y su grupo han buscado imprimir a este proceso y su resultado, como si la gran metrópoli fuera a dividir su historia en tramos identificables como Antes de Mancera y Después de Mancera (como si de verdad hubiera logros y avances tan palpables y evidentes, y no solamente nueva palabrería de buenas intenciones, acumulable a los estantes de leyes y proclamas jurídicamente generosas pero, por sistema, desobedecidas en la práctica).

Por lo pronto Mancera, en su discurso, se quedó en la retórica al decir que la gran urbe había llegado a un nuevo momento de su evolución, en el que ganó un lugar en la República, en la soberanía nacional, en la Constitución federal; ha definido su nombre: Ciudad de México; ha definido su vocación: ciudad de derechos y de libertades. Pero, suponiendo que en realidad se hubieran dado espectaculares pasos hacia adelante con la mencionada Constitucional fundacional, el acto de la promulgación forzada no tuvo la grandeza de constituirse en un acto plural ni pudo zafarse del siempre presente tufo electorero.

En su discurso, el presunto precandidato presidencial Mancera hizo un reconocimiento expreso a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, como ejemplos de preocupación y trabajo en favor de la gran ciudad, sin mencionar, por ejemplo, al personaje que en los tiempos recientes ha impreso la mayor huella electoral y social en esa demarcación, Andrés Manuel López Obrador. Los gestos y la actitud de Mancera también fueron expresamente los de quien se considera progenitor político de la obra presentada en sociedad.

En ese tono, su comisionada para los asuntos del Partido de la Revolución Democrática, Alejandra Barrales, lanzó una batería de tuits sobre el tema. Uno de ellos generó comentarios adversos, pues la dirigente expresó: Con #MiConstituciónCDMX, hoy México es una ciudad. Veintiséis horas después, hizo una precisión igualmente criticada: antes era un Distrito Federal, hoy es una ciudad con autonomía constitucional. Bueno, la precampaña presidencial de Mancera va, sustentada en la tal Constitución de la CDMX, entre otros logros.

El peñismo ha lanzado en el estado de México una apuesta electoral arriesgada, de cuyo desenlace podrán deducirse algunas de las conductas que ese mismo grupo político podría intentar en la contienda presidencial de 2018. Un signo distintivo evidente ha sido la reiteración de la vocación endogámica del grupo peñista en su propio estado de origen. A contrasentido de lo que los tiempos recomendarían, Peña Nieto impuso a su primo, Alfredo del Mazo Maza, como candidato priísta al gobierno, en una proclamación de la política como patrimonio familiar, faccioso. Es decir, como reivindicación del juniorismo y de las historias oscuras de aprovechamiento dinástico de los asuntos públicos.

En apoyo del primo, Del Mazo Maza (que seis años atrás el mismo Peña Nieto quiso hacer candidato a la gubernatura, y al que sin empacho incorporó a un cargo directivo en el propio gobierno federal y ha promovido para que se ocupe de funciones legislativas importantes), la administración federal peñista pondrá en juego todos los recursos que le sea posible, desde los asistenciales, oportunamente puestos en mano de un operador especialista en manejos turbios, Luis Miranda, a cargo de la Sedesol, hasta los derivados de los muchos negocios que el grupo peñista, desde los planos federal y estatal, ha hecho con firmas empresariales que suelen dejar ganancias en efectivo a los otorgadores de contratos y concesiones, dinero que no solamente ensancha las carteras de esos políticos, sino también se destina a las campañas electorales del grupo dominante.

El caso mexiquense podría contar también con la participación de un panismo inserto en lo que en esta columna se ha llamado el bipartidismo inducido. Si no prende la campaña del primer primo, Del Mazo Maza, bien podría contar Peña Nieto con la colaboración de una panista que literalmente come de su mano, su ex contendiente por la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, cuya postulación es deseada en Los Pinos y en la alineada oficina del dirigente nacional panista, Ricardo Anaya, pero no ha podido avanzar, ante las objeciones de grupos del partido blanquiazul que desean que la candidatura quede en alguien con trabajo directo en la entidad y no en una carta nacional, como la mencionada Josefina.

En ese contexto, ha crecido como opción la figura de la profesora Delfina Gómez, propuesta por el partido Morena. Ella forma parte del grupo político asentado en Texcoco que encabeza Higinio Martínez, acusado de cacique, y su propuesta contrasta con el elitismo familiar del primo Del Mazo y con el hedor a oposición arreglada que desprende la pretensión josefinista. Sin embargo, el peñismo pondrá en juego lo esencial de su catálogo electoral: los ríos de dinero sucio, la compra de votos y el uso de las maquinarias gubernamentales. El estado de México dará luz, u oscuridad, respecto al 2018. ¡Hasta mañana!

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