e acuerdo con estudios internos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las consecuencias del gasolinazo de enero pasado han provocado una pérdida de tres por ciento en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, según informó ayer el titular de esa dependencia, Alfonso Navarrete Prida.
De confirmarse esa caída, dijo el funcionario, estaría en puerta una negociación entre los sectores productivos para un posible aumento a los mínimos en marzo próximo, pese a que hace dos semanas el propio Navarrete Prida había prometido que el gobierno no entraría en una carrera de precios y salarios.
Lo cierto es que, incluso si el gobierno abandona la idea de aplicar el incremento al precio de los combustibles que se había anunciado para este mes, el gasolinazo de enero, sumado a los aumentos de las tarifas eléctricas y a las alzas en cadena registradas desde fines del año pasado, y causadas tanto por los incrementos referidos como por la depreciación del peso frente al dólar, la recuperación de 15 por ciento de los salarios que fue anunciada en la más reciente revisión podría desvanecerse en el aire y su poder adquisitivo podría incluso quedar por debajo del que tenía a mediados del año pasado.
En la circunstancia presente, cuando la suerte de las exportaciones mexicanas se tambalea por las embestidas de la presidencia estadunidense en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, muchas voces han señalado la necesidad de, por un lado, diversificar en forma urgente los intercambios del país con el extranjero (actualmente, cerca de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigen al vecino del norte) y, por el otro, fortalecer el mercado interno de manera perentoria.
Ahora bien: la fortaleza del mercado interno está indisolublemente atada a la del ingreso popular, del que el salario mínimo constituye un referente fundamental e incluso definitorio, y no habrá manera de salir de la crisis si no se apunta entre las principales prioridades gubernamentales una estrategia que permita incrementar el poder adquisitivo de los sectores mayoritarios del país.
En este sentido, la redistribución del ingreso, desdeñada y satanizada durante décadas en el ciclo de gobiernos neoliberales como una práctica populista
, debe ser retomada como uno de los ejes rectores de la operación económica necesaria en el momento actual. Con disposiciones que permiten abultados índices de ganancia a las grandes empresas (en 2016, por ejemplo, las utilidades de los bancos crecieron 8.3 por ciento con respecto al periodo anterior), mientras el ingreso de los trabajadores se pulveriza, no será posible alcanzar la solidez económica que se requiere ni la cohesión nacional que la coyuntura reclama.
